La comunidad educativa del hogar infantil Pablo VI enfrenta momentos de incertidumbre y preocupación luego de conocerse una notificación de posible desalojo por parte de la administración del predio, en cabeza del padre Jhon Jairo Camayo, representante legal de la Diócesis de Popayán.
El centro, que atiende a más de 170 niños en condiciones de vulnerabilidad, podría ver interrumpidas sus labores tras décadas de servicio social y educativo en la ciudad. La situación ha generado un amplio rechazo por parte de padres de familia, trabajadores del ICBF y organizaciones sociales, que piden mantener el funcionamiento del hogar infantil.
Lo que ha intensificado el debate es que, en paralelo, el sacerdote ha expresado públicamente su respaldo a una comunidad de religiosas que enfrenta un litigio por otra propiedad de la Iglesia, lo que ha despertado acusaciones de trato desigual. “¿Por qué proteger a unas y desalojar a niños?”, se preguntan varios ciudadanos en redes sociales, dando pie al señalamiento de un posible doble rasero pastoral.
“No entendemos cómo se puede hablar de defensa de la vida y la fe, y al mismo tiempo quitarle a los niños un lugar seguro para crecer y aprender”, expresó una madre de familia en medio de una manifestación pacífica realizada frente a las instalaciones del centro.
Desde la Iglesia, no ha habido un pronunciamiento oficial más allá de la justificación jurídica del proceso. Sin embargo, se espera que en los próximos días se convoque una mesa de diálogo entre las partes, con la mediación de autoridades locales y el ICBF, para buscar una solución que no afecte el bienestar de los menores.
Mientras tanto, la comunidad del hogar infantil Pablo VI insiste en que la prioridad deben ser los niños, por encima de disputas legales o decisiones administrativas que podrían dejar a decenas de familias sin un servicio esencial.
