El caso de presunto abuso policial por parte de la patrullera Erika Pérez sigue generando controversia en Bogotá, luego de que se viralizara un video donde golpea con su tonfa a un ciudadano que la grababa durante un procedimiento en la localidad de Suba.
El acto de violencia desató una ola de indignación pública, tanto en redes sociales como entre los habitantes de la ciudad, quienes cuestionaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la uniformada.
Aunque en un comunicado oficial, la Policía Nacional informó sobre la destitución de Pérez por abuso policial, fuentes no oficiales aseguran que sigue vinculada a la institución, realizando labores administrativas en el complejo de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Esta versión genera dudas sobre la efectividad de las sanciones disciplinarias y ha destapado otros antecedentes negativos de la patrullera, quien ya enfrentaba investigaciones por comportamientos agresivos hacia la ciudadanía.
El caso ha reavivado el debate sobre el abuso de autoridad y la falta de control en el actuar de algunos miembros de la Policía Nacional. La Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si se están aplicando las medidas correctivas anunciadas por la institución.
La ciudadanía espera respuestas claras sobre la situación de Erika Pérez, mientras que expertos insisten en la necesidad de reforzar la capacitación policial en derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. Este caso pone nuevamente bajo la lupa la relación entre la Policía y la confianza pública.
