Un nuevo rifirrafe político se desató en el Valle del Cauca tras las denuncias del representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quien cuestionó el proceso de elección del nuevo contralor departamental. Según el congresista, la Universidad del Atlántico estaría permitiendo la participación de candidatos inhabilitados, lo que pondría en duda la legalidad del proceso. Ocampo advirtió que el contralor sería una figura “de bolsillo” para la administración actual.
La gobernadora Dilian Francisca Toro respondió a través de su cuenta en X (antes Twitter), aclarando que no tiene injerencia en la elección y que el proceso es autónomo. “Alejandro: qué bueno que estés preocupado por ejercer control; ojalá no lo hicieras rompiendo el principio de buena fe de un centro educativo”, escribió. También recordó que, como gobernadora, no participa ni influye en la designación del contralor, desestimando las acusaciones del congresista.
El debate ha generado reacciones divididas en el escenario político regional, donde algunos sectores respaldan la denuncia de Ocampo y otros defienden la transparencia del proceso. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención el desarrollo de este caso, que podría escalar a instancias judiciales si se comprueban irregularidades. La elección del contralor es clave para la vigilancia del uso de los recursos públicos en el departamento.
