Un nuevo escándalo de corrupción ha sacudido al municipio de La Mesa, Cundinamarca, relacionado con un presunto detrimento patrimonial en el marco de un plan de movilidad implementado bajo la administración del exalcalde Ornelio Humberto Segura. El caso ha generado controversia en la comunidad y ha puesto en duda la transparencia de las contrataciones públicas, con la firma de tres contratos que suman 100 millones de pesos.
El Decreto 083 del 2021, emitido bajo la gestión de Segura, estableció un plan de movilidad que incluía medidas como la creación de incentivos tributarios, la generación de nuevos cupos para motocicletas y la implementación de zonas de estacionamiento regulado en el municipio. El plan fue diseñado por Lina Gonzales, quien firmó los contratos con la empresa Ingeniería y Derecho para la Movilidad S.A.S. Estos contratos, que se extendieron desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022, abrieron la puerta a una serie de cuestionamientos sobre la ejecución y gestión de los mismos.
A lo largo de este año y medio, la comunidad ha señalado lo que consideran una «mala gestión», acusando que el proyecto no solo se ejecutó de forma ineficaz, sino que también se convirtió en un foco de controversia debido a los recursos invertidos y a la falta de resultados visibles. Según fuentes cercanas a la administración anterior, el contrato interadministrativo firmado con la empresa Sociedades Terminales de Medellín fue realizado sin la debida supervisión, lo que dio lugar a una serie de irregularidades que ahora son motivo de investigación.
Uno de los aspectos más criticados del caso es el hecho de que dicho contrato, firmado con una entidad de participación estatal, fue renovado durante tres administraciones consecutivas. Esto habría generado un vínculo complicado y duradero entre las alcaldías sucesivas y la empresa involucrada, con una duración de 11 años que, según algunos expertos, limitó la capacidad de las autoridades locales para revisar y ajustar las condiciones de los acuerdos.
El escándalo ha dejado a la comunidad de La Mesa, en particular a los conductores y motociclistas del municipio, con un sentimiento de incomodidad por el manejo de los recursos públicos. La falta de resultados tangibles y el elevado monto de los contratos han incrementado la desconfianza de los habitantes hacia las autoridades locales y la gestión de los recursos públicos.
