El borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Minas y Energía propone que los estratos 4, 5, 6 y pequeños comercios regulados asuman el saldo de la “opción tarifaria”. Esta deuda, cercana a los $3 billones, se originó durante la pandemia cuando hogares de estratos 1, 2 y 3 difirieron parte del pago de sus facturas de energía. Polémica por decreto que obliga a estratos altos a pagar deuda de luz.
La iniciativa busca aplicar un esquema de solidaridad tarifaria. Sin embargo, desde el sector energético surgieron críticas. Alejandro Castañeda, director de Andeg, señaló que “no resulta legal ni viable que un usuario pague la deuda de otro”.
Empresas como Air-e ya finalizaron el cobro de esos saldos. Otras aún lo gestionan. En este escenario, el decreto genera confusión jurídica y operativa.
Cambios en subsidios de energía generarían reestratificación de hogares
Otra propuesta clave del decreto apunta a modificar los subsidios actuales. Hoy, el Estado cubre hasta el 60 % del consumo de estratos bajos. Pero con la nueva normativa, si un hogar subsidiado consume más del doble del promedio nacional, podría perder el beneficio.
En ese caso, el hogar se reclasificaría y asumiría una tarifa sin subsidio. El Gobierno aplicaría esta medida de forma transitoria, mientras se implementa el Registro Universal de Ingresos, que permitirá focalizar los subsidios con mayor precisión.
La transición no superaría los seis meses y buscaría ajustar el sistema antes de 2026, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo.
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Creg sumará más miembros y enfrentará reestructuración; Polémica por decreto que obliga a estratos altos a pagar deuda de luz
El borrador también incluye una reforma en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Pasaría a tener ocho miembros: cinco expertos nombrados por el presidente y tres representantes de la academia, usuarios y sindicatos.
Este cambio preocupa al sector. “Más miembros significa más burocracia y menos agilidad en decisiones técnicas”, afirmó Castañeda. Además, recordó que una reforma anterior redujo el número de expertos para evitar ineficiencias.
El Gobierno defiende que la inclusión de distintos sectores mejorará la representatividad en la toma de decisiones. Sin embargo, la industria teme que se diluya la experticia técnica que hasta ahora ha guiado las políticas tarifarias.
El Gobierno avanza con una propuesta que remueve las bases del sistema tarifario. Mientras busca equidad, enfrenta resistencia del sector eléctrico. En los próximos días, la socialización del proyecto en Valledupar marcará el inicio del debate público.