Durante un operativo en el Terminal de Cali, Melva Gabriel Chulde, ciudadana ecuatoriana, denunció presunto abuso de autoridad. Según su relato, los policías de Infancia y Adolescencia revisaron sus pertenencias sin autorización. Además, fue empujada y llevada al CAI junto con su hijo, mientras otras mujeres pudieron retirarse. Este hecho evidencia una posible desigualdad en el trato hacia madres trabajadoras en espacios públicos. La denuncia se fortalece con audios y testimonios que respaldan la versión de Melva.
La situación se complicó cuando Melva y su hijo fueron remitidos a la Clínica Occidente desde el sábado. La pediatra confirmó que el niño se encuentra en buen estado, sin signos de maltrato, con peso normal y atención adecuada. Sin embargo, Melva afirma que no le permiten salir ni cambiar la ropa de su hijo. Esto genera gran preocupación y temor sobre la posibilidad de una medida judicial desfavorable. Por ello, la madre insiste en entregar evidencia que esclarezca los hechos ante las autoridades competentes.
Vecinos, ciudadanos y organizaciones de derechos humanos manifiestan su inquietud ante la presunta desigualdad en operativos policiales. La denuncia de Melva abre un debate sobre protocolos de actuación y protección de menores. Además, resalta la vulnerabilidad de quienes dependen del trabajo informal para subsistir. Se solicita a las autoridades revisar los procedimientos y garantizar que se respeten los derechos de padres y niños. Su caso se ha convertido en ejemplo de cómo la burocracia puede afectar a familias trabajadoras.
