ras la reciente condena al menor de 15 años responsable del asesinato de Miguel Uribe, se encendió nuevamente el debate sobre cómo debe actuar la justicia frente a adolescentes involucrados en delitos graves. La representante a la Cámara Carolina Arbeláez habló con Mañanas Blu y explicó los alcances de un proyecto de ley que sacude al Congreso y al país.
La iniciativa propone que menores de 14 a 18 años que cometan delitos como homicidio, terrorismo o secuestro sean juzgados como adultos, enfrentando penas equivalentes a las que establece el Código Penal para mayores de edad.
“Este proyecto busca modificar el régimen de responsabilidad penal de los menores de edad. No es justo que quienes cometen delitos atroces, como asesinatos o secuestros, paguen penas irrisorias. Si tienen más de 14 años y saben lo que hacen, deben responder como adultos”, afirmó Arbeláez.
El caso que encendió la polémica
El asesinato de Miguel Uribe a manos de un menor de 15 años, quien fue entrenado por bandas criminales, destapó una realidad alarmante: las organizaciones delincuenciales usan a jóvenes como “carne de cañón” porque las sanciones son demasiado bajas.
“Las bandas reclutan a los adolescentes porque saben que, aunque cometan delitos gravísimos, las penas para ellos son mínimas. Esto es un incentivo perverso que debemos frenar de inmediato”, denunció la congresista.
“No se trata de criminalizar a la juventud”
La representante aclaró que su propuesta no busca estigmatizar a los jóvenes, sino protegerlos y evitar que las redes criminales los utilicen:
“La gran mayoría de nuestros jóvenes son trabajadores, soñadores y merecen oportunidades. Este proyecto no es un castigo contra la juventud, es contra quienes usan las armas y deciden cometer delitos graves”, subrayó.
Arbeláez señaló que el Estado también tiene una deuda pendiente con la niñez y la adolescencia: deben fortalecerse los programas de prevención, educación, deporte y apoyo a las familias.
Penas, resocialización y polémica
Si el proyecto es aprobado, los menores responsables de homicidios, secuestros, violaciones y terrorismo podrían pagar sus condenas en centros penitenciarios ordinarios. Sin embargo, Arbeláez asegura que la iniciativa también contempla un componente de resocialización para dar segundas oportunidades a quienes quieran reintegrarse a la sociedad.
La representante cuestionó, además, programas del Gobierno como “Jóvenes en Paz”, al considerar que entregar un millón de pesos a jóvenes en conflicto con la ley podría incentivar la criminalidad.
El debate continúa
El proyecto, que divide opiniones en el Congreso y en la sociedad, enfrenta un camino difícil: defensores de derechos humanos advierten riesgos de violar tratados internacionales sobre protección de menores, mientras que otros sectores apoyan la medida como una forma de frenar el reclutamiento criminal y reducir la violencia.
