La reciente liberación de Ferney Rodríguez, señalado como autor confeso del feminicidio de Sandra Patricia Zambrano, ha desatado indignación en Timaná y el sur del Huila. Aunque permanecía recluido en la cárcel de Pitalito, su excarcelación sorprendió a la comunidad y abrió un fuerte debate sobre la eficacia del sistema judicial, al que acusan de ser incapaz de garantizar justicia en casos de violencia de género.
Crimen
El asesinato ocurrió el 26 de febrero y conmocionó profundamente a la región. De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez habría confesado haber asesinado a su esposa y posteriormente arrojado su cuerpo al Zanjón Colorado. La crueldad con que se cometió el feminicidio dejó marcada a toda una comunidad que aún no logra superar el impacto de la pérdida de Sandra Patricia, una mujer recordada por su papel activo en la vida familiar y social del municipio.
Dolor
Para los familiares de la víctima, la decisión judicial es incomprensible y dolorosa. Aseguran que la liberación de Rodríguez no solo representa una amenaza para su seguridad, sino también una ofensa al recuerdo de Sandra Patricia. “El sufrimiento se multiplica cuando la justicia parece indiferente ante el clamor de una familia que solo busca verdad y castigo para el responsable”, manifestaron allegados, quienes han insistido en que el caso no puede quedar en la impunidad.
Reacción
La noticia ha despertado una ola de mensajes en redes sociales, donde ciudadanos expresan su inconformidad y señalan presuntas irregularidades en el proceso. “En este país, mientras haya dinero de por medio, los criminales tienen más derechos que la gente honesta”, escribió Gloria Sepúlveda Córdoba, una de las voces más críticas en medio del debate público.
Protesta
Ante el panorama, líderes comunitarios de Timaná convocan movilizaciones para exigir que se revoque la libertad del presunto feminicida y se avance en un proceso judicial transparente y ejemplar. Además, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han reiterado el llamado al Estado para fortalecer las medidas de prevención y protección, advirtiendo que el feminicidio sigue cobrando vidas con alarmante frecuencia en el país.
La comunidad insiste en que este caso debe convertirse en un punto de inflexión para que la justicia responda con contundencia. “No pedimos venganza, pedimos justicia”, recalcan los familiares, quienes esperan que la presión ciudadana logre revertir la decisión y devolver la confianza en las instituciones.
