El Gobierno Nacional y comunidades indígenas del Cauca han encabezado una nueva polémica en el país, la cual se centra en la habilitación de la variante en la vía Panamericana, indispensable para acceder al sur del país por carretera.
A través del Ministerio de Transporte, el Gobierno ha acusado a los indígenas de oponerse al ingreso de maquinaria en el municipio de Rosas para iniciar la obra. Es que según el titular de dicha cartera, Guillermo Reyes, grupos indígenas reclaman la propiedad de los terrenos donde se ejecutarán los trabajos, por lo que impidieron a los obreros iniciar con sus labores el pasado lunes 16 de enero.
“Esa variante que se va a construir, para que puedan pasar camiones de carga, necesita un puente y unas vías de acceso que esperábamos dejar habilitadas entre los 70 y 120 días, pero si no nos dejan entrar maquinaria no se puede trabajar”, denunció desde Medellín el ministro de Transporte.
Los indígenas desmienten
Sin embargo, los mismos indígenas han salido a desmentir al funcionario. Mauricio Capaz, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), aseguró que no se oponen a la construcción de la vía, pues saben la importancia que tiene la obra para el país. Lo que les preocupa es la afectación hacia el territorio de dichos trabajos, por lo que piden una mesa de diálogo con el Gobierno. La intención es discutir de qué manera se puede abordar la obra sin que haya alteraciones al territorio que termine perjudicando la vida en las comunidades indígenas.
“Las palabras del ministro no corresponden a la realidad que hay en el territorio, son bastante ligeras. La comunidad de la zona ha manifestado preocupación porque la vía alterna que se piensa realizar, toca algunos de sus predios”, dijo Capaz.
Diálogos para continuar trabajos en la Panamericana
Lo cierto del caso es que mientras no haya un acuerdo entre las partes, los trabajos para la culminación de la variante de la Panamericana podrían tardarse más tiempo de lo previsto, perjudicando a poblaciones del sur de Colombia como Cauca y Nariño. La ciudadanía está esperanzada por este proyecto que le dejará al país muchísimos beneficios, por lo que exige que esta nueva polémica no genere más retrasos.
Las conversaciones entre grupos indígenas y el Gobierno deben darse en marco del respeto. Y los acuerdos entre las partes deben permitir la continuidad de la obra, pero sin perjudicar los intereses de los nativos, quienes, únicamente, piden ser tomados en cuenta para que su estilo de vida no se vea afectado del todo.
