La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de imponer sanciones restaurativas de ocho años al antiguo Secretariado de las FARC desató críticas en el Huila. El excongresista Jaime Felipe Lozada, víctima directa de esa guerrilla, rechazó la medida al considerar que delitos de lesa humanidad no pueden pagarse con proyectos ambientales en lugar de penas privativas de libertad.
Lozada fue tajante: “Mientras los victimarios conservan derechos políticos y dan cátedra desde el Congreso, las víctimas seguimos esperando verdad, justicia y reparación”.
Víctimas relegadas
El discurso de Lozada expone lo que muchos sienten: la promesa de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz quedó en el aire. Para él, la JEP fue diseñada para “lavarle las manos a las FARC” y blindar la impunidad pactada en La Habana. La indignación es mayor al recordar que mientras los excomandantes gozan de representación política, miles de familias siguen sin reparación integral ni esclarecimiento de la verdad.
Una voz con cicatrices
Su crítica no es gratuita. Jaime Felipe Lozada fue secuestrado a los 15 años junto a su madre, Gloria Polanco, y su hermano Andrés Felipe, en el edificio Miraflores de Neiva. Pasó tres años en cautiverio, su madre permaneció retenida hasta 2008 y su padre, el exsenador Jaime Lozada, fue asesinado en 2005. Estas heridas familiares convierten su voz en símbolo del dolor que persiste frente a decisiones que, lejos de cerrar brechas, las profundizan.