El Congreso de la República aprobó una ley que transforma las reglas para hacer y publicar encuestas políticas en Colombia. El texto ya está listo para sanción presidencial. La norma prohíbe divulgar mediciones de intención de voto durante los tres meses previos a la inscripción de candidatos. Para las elecciones de 2026, esa restricción comienza el 31 de octubre de 2025. Polemica: Congreso aprueba ley que restringe encuestas antes de elecciones de 2026.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) asumirá control total del proceso: audita, regula, sanciona y custodiará las bases de datos. La ley obliga a entregar formularios, grabaciones y números marcados. Cualquier error técnico o formal puede anular una encuesta, incluso por el simple orden de las preguntas.
Firmas como Cifras y Conceptos, Invamer y el Centro Nacional de Consultoría no fueron consultadas. Sus directivos ya evalúan acciones legales. “No tiene sentido que nos obliguen a predecir qué candidato tiene notoriedad sin medirlo”, declaró Martín Orozco, de Invamer.
Críticas por riesgo de censura y judicialización de errores técnicos
Expertos alertan que la nueva normativa afecta la libertad de información y el debate público. El artículo 11 contempla sanciones penales por incumplir “leyes de la estadística”, una figura ambigua en el orden jurídico colombiano.
Errores de muestreo, fallas operativas o formatos incompletos podrían derivar en investigaciones penales. Las encuestadoras también deberán actualizar su infraestructura de ciberseguridad, ya que estarán expuestas a sanciones en caso de filtraciones o vulneraciones.
Además, el proyecto crea una Comisión Técnica dentro del CNE, encargada de auditar la calidad de las encuestas. Sus integrantes serán seleccionados por universidades con programas de estadística. Sin embargo, la ley no define cómo se mide la “favorabilidad significativa” ni quién evalúa ese criterio.
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Prohibición afectará campañas y análisis político en año electoral
Cuando Petro firme la ley, quedará prohibida la publicación de encuestas presidenciales hasta el 31 de octubre de 2025. Esa veda afectará a más de 70 precandidatos, que no podrán usar datos técnicos para definir alianzas o estrategias.
La ley también obliga a incluir municipios con más de 800.000 habitantes en toda encuesta nacional. Esto incluye a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Soacha, Cúcuta y Cartagena. Regiones como los Llanos o la Amazonía deben tener al menos un municipio representado.
Analistas advierten que los financiadores de campañas también se verán afectados. Sin encuestas, no podrán medir el impacto de sus inversiones durante los meses previos a la campaña.
