En Colombia, la disputa por los primeros puestos de las listas al Congreso no es sólo una pelea por visibilidad: es la batalla por recursos, influencia y capacidad de control territorial. Desde gobernadores y exgobernadores hasta alcaldes, líderes locales y familias políticas históricas —los llamados “barones” o “caciques” regionales— despliegan redes clientelares, aparatos partidarios y acuerdos con las direcciones nacionales para asegurarse posiciones que garanticen escaños o, al menos, mayor probabilidad de resultar electos.
Mecanismos habituales: cómo se compran y negocian los puestos
- Negociación interna en los partidos. Los cupos suelen repartirse en negociaciones entre jefes de bancada, directivas nacionales y líderes territoriales. En coaliciones o partidos grandes que optan por listas cerradas (o listas cerradas internas), el control del orden corresponde en buena medida a las dirigencias, que premian lealtades y alianzas regionales. Esa práctica fue visible en procesos recientes de definición de listas, por ejemplo dentro del Pacto Histórico, que optó por listas cerradas y procesos de consulta interna para ordenar sus candidatos.
- Uso de aparatos regionales y clientelismo. Gobernadores, exgobernadores y alcaldes consolidan “bases” mediante programas sociales, contratos y redes locales que luego se traducen en apoyo electoral. Ese capital territorial se usa como moneda de cambio para exigir puestos privilegiados en listas departamentales o nacionales. Las familias políticas —herencias electorales de décadas— siguen siendo decisivas en varios departamentos.
- Consultas y primarias internas. Algunas colectividades han optado por consultas abiertas o internas para ordenar listas o elegir cabezas de lista. Estas votaciones pueden legitimar dirigentes —y, al mismo tiempo, fortalecer a los caciques que movilizan votos en su región— como se vio en la reciente consulta del Pacto Histórico, donde además se definieron aspirantes al Senado y la Cámara.
- Acuerdos entre listas y coaliciones. Para maximizar curules, partidos y movimientos hacen pactos de “no competencia” en determinadas regiones o se reparten puestos en listas unificadas. Esto favorece a quienes aportan maquinaria electoral en cada territorio.
Tipos de listas y su impacto en el poder regional
- Lista cerrada: otorga muchísima fuerza a las dirigencias porque el orden determina quién entra; facilita que jefes nacionales y regionales distribuyan favores y consoliden clientelas. Críticos señalan que reduce el control ciudadano sobre quién representa realmente al partido.
- Voto preferente / abierto: exige que cada candidato compita por votos propios dentro de la lista; esto puede debilitar a los “patrones” locales si los electores favorecen candidatos no alineados con la dirección regional. Sin embargo, los aparatos locales aún pueden movilizar votantes para candidatos afines.
Consecuencias políticas y sociales
Cuando los puestos se reparten por influencia regional y no por mérito, la Cámara y el Senado terminan representando redes de lealtad más que intereses territoriales reales. Esto tiene efectos en la gestión pública: facilita clientelismo, direccionamiento de contratación pública y, en algunos casos, captura de instituciones locales. Al mismo tiempo, líderes regionales con fuerte control territorial pueden convertir su representación en plataformas para escalar a cargos nacionales (gobernaciones, ministerios, etc.).
Cambios y tensiones recientes
El ciclo electoral 2024–2026 ha mostrado dos tendencias relevantes: por un lado, la consolidación de mecanismos internos (consultas y listas cerradas) en algunas colectividades para ordenar candidaturas; por otro, movimientos ciudadanos y observatorios electorales que exigen más transparencia en los procesos de selección. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y medios independientes han señalado la necesidad de reglas más claras para evitar prácticas de tráfico de influencias y garantizar pluralismo.
¿Qué puede hacer el elector y qué rol tienen las instituciones?
- Vigilancia ciudadana: exigir que los partidos publiquen criterios de selección, hojas de vida y fines de campaña.
- Control institucional: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría deben garantizar procesos transparentes y actuar ante irregularidades.
- Reformas: debates sobre abrir o cerrar listas, límites a la reelección de dirigentes partidarios que concentran poder, y mayores sanciones por corrupción electoral. Expertos advierten que tanto listas cerradas como abiertas tienen pros y contras; la clave está en transparencia y control efectivo.
