Sandra García es señalada de deber $572 millones en trabajos no reconocidos oficialmente.
La Unión Temporal Obras Especiales Complejo Acuático, encargada de construir el escenario en el Parque Deportivo de Ibagué, exige a la Gobernación del Tolima el pago de casi $572 millones por trabajos adicionales que, según el contratista, fueron ejecutados con aval técnico, pero nunca reconocidos oficialmente.
El caso, registrado en el Sistema de Gestión Judicial del Consejo de Estado, se originó durante la ejecución del contrato, que tuvo prórrogas, suspensiones y adiciones presupuestales para poder cumplir con los plazos. La obra fue entregada en octubre de 2024 y utilizada desde un mes antes por la comunidad y en eventos deportivos.
El contratista asegura que las obras extra eran indispensables para cumplir estándares internacionales de la Federación Internacional de Natación (FINA) y que contaron con aprobación de la interventoría, del supervisor y de funcionarios de la Gobernación.
Negativa
El conflicto se agudizó cuando la Secretaría de Infraestructura, bajo la dirección de Sandra García, se negó a firmar el acta técnica que respaldaba estos trabajos, bloqueando así su pago. Pese a múltiples solicitudes para que el asunto quedara incluido en la liquidación bilateral del contrato, la entidad contratante no accedió.
El contratista sostiene que las modificaciones fueron necesarias para el correcto funcionamiento del complejo y que incluso ayudaron a evitar retrasos en la entrega. Según su versión, la Gobernación recibió la obra a satisfacción, pero aún no ha cancelado la deuda reclamada, la cual debió ser asumida por cuenta propia.
Disputa
La Unión Temporal busca que se declare la responsabilidad de la Gobernación y que se ordene el pago total, sumando intereses legales y costos del proceso. Mientras tanto, el caso se encuentra en la Procuraduría, a la espera de una conciliación o de que avance hacia un litigio formal.
La controversia se suma a la lista de tensiones entre contratistas y la administración departamental, que en los últimos años ha sido señalada de incumplir compromisos financieros en proyectos de infraestructura. De no llegar a un acuerdo, este enfrentamiento podría escalar a un prolongado proceso judicial con implicaciones políticas y presupuestales para el Tolima.
