El 6 de febrero de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 4/2023, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Guillermo Andrés Mosquera Miranda, Nidia Marcela Montoya, Carlos Mauricio Mosquera Miranda y sus familias, en Colombia, tras identificar que se encuentran en riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según el peticionario, Guillermo Andrés Mosquera Miranda y su compañera, Nidia Marcela Montoya, son docentes del departamento del Cauca y líderes sociales campesinos. Carlos Mauricio Mosquera Miranda, hermano de Guillermo, fue candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas por la jurisdicción de paz en 2022. Además, los tres beneficiarios hacen parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Argelia (ASCAMTA).
La parte solicitante informó que, desde 2018, las personas beneficiarias han sufrido diferentes amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales, fueron víctimas de múltiples desplazamientos forzados y objeto de actos de violencia. Específicamente, Nidia Marcela fue declarada objetivo militar en 2020, en mayo de 2022 explotó un carro bomba cerca de la casa de Carlos Mauricio y, en noviembre de 2022, Guillermo Andrés sufrió un intento de homicidio. El peticionario manifestó que ninguno de los beneficiarios cuenta actualmente con medidas de protección.
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El Estado informó que el 12 de julio de 2022 la (Unidad Nacional de Protección) UNP otorgó medidas de protección a Guillermo Andrés. Asimismo, indicó que incluyó a Guillermo Andrés, Nidia Marcela y sus dos hijos en el Registro Único de Víctimas y afirmó que la Secretaría de Educación y Cultura adoptó las medidas pertinentes de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano para la protección de Guillermo Andrés y Nidia Marcela. Finalmente, alegó que ha adoptado medidas para proteger la vida e integridad personal de Guillermo Andrés y su familia, y solicitó a la CIDH que desestime la solicitud de medidas cautelares.
La Comisión valoró la información aportada por el Estado, al tiempo que observó que la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios y los factores de riesgo no habían sido mitigados. El peticionario se refirió a la continuidad de las amenazas de muerte y a la insuficiencia de las medidas de protección adoptadas por el Estado.
Asimismo, la Comisión no ha recibido información sobre avances en las distintas investigaciones de las amenazas denunciadas por las personas beneficiarias desde 2018. El Estado no presentó información sobre la situación de Carlos Mauricio Mosquera Miranda. Por su parte, las familias de los beneficiarios estarían en riesgo dadas las posibles represalias, y considerando las acciones de hostigamiento y acoso de las que han sido objeto el padre y la madre de Guillermo Andrés y Carlos Mauricio.
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