Este viernes 25 de octubre de 2025, Bogotá vivió una masiva movilización convocada por organizaciones sociales y respaldada por el presidente Gustavo Petro. Miles de personas se congregaron en la Plaza de Bolívar para exigir la defensa de la salud, las pensiones, el trabajo, el territorio y la reforma rural, en el marco del anuncio de un nuevo proceso constituyente en Colombia.
El presidente Petro participó con un discurso en el que planteó la necesidad de que el pueblo ejerza directamente su soberanía mediante el poder constituyente, enfatizando que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe ser una acción democrática surgida desde la ciudadanía. Según Petro, este proceso no busca reemplazar la Constitución de 1991, sino restaurar su espíritu original y garantizar que las reformas sociales impulsadas por su gobierno no puedan ser revertidas por las élites políticas o los órganos de control.
La iniciativa de la Asamblea surge como respuesta a lo que diversos sectores sociales califican como un bloqueo sistemático de las reformas sociales aprobadas por la mayoría ciudadana en las elecciones de 2022. La propuesta no parte directamente del Ejecutivo, sino de los movimientos sociales, que buscan reunir diez millones de firmas para que el nuevo Congreso, a partir de julio de 2026, tramite un proyecto de ley que formalice el llamado al poder constituyente.
El contexto político del país está marcado por una serie de obstáculos que han frenado las principales reformas del gobierno. Entre ellas se encuentra el Decreto 0858 de 2025, que implementa el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, suspendido por el Consejo de Estado por presunta extralimitación del Ejecutivo. Esta medida buscaba eliminar la intermediación de las EPS y reorganizar el sistema sanitario en torno a redes territoriales. Petro calificó su suspensión como una acción contraria al derecho a la vida.
La Ley 2381 de 2024, que crea el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, también enfrenta dificultades. Su pilar solidario beneficiaría a más de tres millones de adultos mayores con un ingreso mensual de $223.800, pero la Corte Constitucional evalúa su validez tras cuestionamientos de la Procuraduría y Colpensiones, que advierten riesgos para la sostenibilidad del sistema.
En contraste, la reforma laboral, aprobada como la Ley 2466 de 2025, logró avances significativos: establece el contrato a término indefinido como regla general, reconoce derechos a los trabajadores de plataformas digitales y refuerza las medidas contra la discriminación y el acoso laboral. No obstante, la norma ha generado divisiones políticas y fuertes críticas de la oposición.
Otro frente de controversia fue el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, que pretendía canalizar recursos extraordinarios para atender la crisis humanitaria en esa región, pero también fue suspendido por el Consejo de Estado, lo que generó frustración entre los líderes sociales locales.
La reforma rural integral, considerada clave en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, muestra avances parciales. El Ministerio de Agricultura reporta la gestión de más de 600 mil hectáreas y la conformación de 434 Comités Municipales de Reforma Agraria, aunque la Contraloría advirtió que, al ritmo actual, la implementación total podría demorar siglos por la baja ejecución presupuestal y la débil presencia institucional en los territorios.
En ese contexto, la movilización en la Plaza de Bolívar reflejó el respaldo ciudadano al proyecto de cambio y la frustración ante la parálisis institucional. Las pancartas, consignas y manifestaciones expresaron tanto el apoyo al presidente como la exigencia de que las instituciones del Estado respeten el mandato popular expresado en las urnas.
El presidente cerró su discurso con un mensaje de empoderamiento popular, afirmando que Colombia debe dejar atrás la lógica de la súplica para asumir su propio poder de decisión. Con ello, Petro reafirmó su apuesta por un proceso constituyente liderado por el pueblo y no por el gobierno, como vía democrática para superar el bloqueo político y consolidar las transformaciones sociales que su administración ha defendido desde el inicio del mandato.