Una grave amenaza ha puesto en alerta a los cuatro establecimientos penitenciarios del departamento del Meta: la cárcel de Granada, la penitenciaría de Acacías, el complejo penitenciario de Villavicencio y La Colonia. Un grupo identificado como “Los Contra”, autodenominado como organización criminal, ha declarado a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) como “objetivo militar”. La advertencia, dirigida a directores, comandantes de vigilancia, guardianes y personal administrativo de estos centros penitenciarios, anuncia posibles atentados en represalia por presuntos abusos y corrupción en las cárceles.
Atentados masivos
El comunicado, difundido por canales informales, advierte que las acciones violentas iniciarán a partir del 7 de noviembre, señalando una lista de posibles objetivos en diversas cárceles del país, incluyendo además establecimientos en Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. “Los Contra” acusan a funcionarios del INPEC de cometer malos tratos, torturas, violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, cobrando a los internos y sus familias por servicios y gestiones sin control.
En alerta
Panfleto contra funcionarios del INPEC.
Frente a esta situación, las autoridades penitenciarias han activado protocolos de seguridad y brindado recomendaciones a su personal para reforzar su protección en los desplazamientos y actividades diarias. La alerta es máxima, y el INPEC, en conjunto con otros organismos de seguridad del Estado, está monitoreando de cerca esta amenaza para prevenir posibles ataques contra sus funcionarios.
La situación ha generado preocupación no solo en el Meta, sino en otras regiones donde también existen penales señalados como blancos de esta organización. La seguridad de los funcionarios y el bienestar de sus familias es ahora una prioridad, mientras las investigaciones avanzan para esclarecer la veracidad de estas amenazas y evitar cualquier incidente que pueda poner en riesgo la vida de los trabajadores penitenciarios. Las autoridades han instado a los funcionarios del INPEC a mantener la calma, cumplir las recomendaciones de seguridad y, de ser necesario, contar con el apoyo de la fuerza pública en situaciones de riesgo.
En un contexto de creciente tensión y vulnerabilidad, el Estado colombiano enfrenta el desafío de proteger a quienes trabajan en el sistema penitenciario mientras garantiza el cumplimiento de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios. La amenaza recibida es una prueba más de las dificultades que existen en un sistema carcelario que se enfrenta a constantes críticas y situaciones de riesgo para quienes allí laboran.
