Un grupo de exministros y exviceministros del sector salud de Colombia ha lanzado un pronunciamiento público en el que advierten que la crisis que actualmente vive el sistema nacional de salud no es simplemente el resultado de factores coyunturales o desafortunados, sino de decisiones planificadas con el fin de debilitar el modelo vigente y allanar el camino para una reforma estructural impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El contenido de la alerta
En una carta publicada el 6 de noviembre de 2025, los firmantes —entre ellos los exministros Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez y otros exviceministros— aseguraron que existe una estrategia gubernamental diseñada para “desfinanciar, desordenar y debilitar” el sistema de salud colombiano, con el propósito, según ellos, de justificar su sustitución total.
Evidencia citada
Los exfuncionarios señalan que tanto declaraciones públicas del Ejecutivo como decisiones normativas apuntan a una intencionalidad. Por ejemplo, citan una frase del entonces ministro de Salud que, según ellos, reconoció la necesidad de “hacer explícita una crisis para justificar una transformación estructural”. Asimismo, mencionan que el presidente Petro habría afirmado que las “Entidades Promotoras de Salud (EPS) había que dejarlas caer, como un dominó”.
Impacto sobre la prestación de servicios
Según el comunicado, las consecuencias ya son palpables: aumento de las tutelas, cierres de servicios, demoras crecientes en la atención, desabastecimiento de medicamentos y menor liquidez de las EPS. También indican que los trabajadores del sistema de salud viven con incertidumbre laboral.
Los exministros argumentan que estos síntomas no son resultado de la “fatalidad”, sino de una “destrucción progresiva” del sistema programación:
“Lo que hoy vive la salud en Colombia no es fruto del azar, sino de decisiones deliberadas”.
Cuestiones jurídicas y de institucionalidad
El bloque de exfuncionarios advierte que algunos de los caminos utilizados por el Gobierno para avanzar en la reforma aluden a mecanismos que evaden el debate parlamentario. Se critica, por ejemplo, la aprobación por decreto de cambios estructurales al sistema que, según ellos, vulnerarían el mandato constitucional de que transformaciones profundas pasen por el Congreso.
Igualmente, denuncian que no se ha presentado un aval fiscal claro para los cambios y que la reforma carece de garantías técnicas suficientes.
Contexto político y reforma de salud
Cabe destacar que este pronunciamiento se da en el marco del debate sobre la reforma al sistema de salud impulsada por el Gobierno de Petro. Hace algunos meses, analistas advertían sobre el uso de decretos para sortear el Congreso.
El Ejecutivo sostiene que el sistema creado hace décadas es insostenible y que los cambios son urgentes para garantizar la cobertura universal y la calidad del servicio.
Qué está en juego
Para los exministros firmantes, el derecho a la salud de los colombianos está en riesgo de convertirse en “objeto de experimentación ideológica” y “campo de pulsos políticos”.
A su entender, la estabilidad financiera del sistema, la continuidad de los tratamientos, la garantía de acceso, y la protección de las EPS y los prestadores de servicios están siendo sacrificadas en pos de un modelo nuevo cuya viabilidad consideran dudosa.
Lo que proponen
Entre sus recomendaciones destacan:
- Priorizar una inyección de recursos inmediata para estabilizar el sistema.
- Garantizar que cualquier reforma tenga respaldo técnico, fiscal y un cronograma claro.
- Fortalecer la institucionalidad del sistema de salud, sin depender únicamente de decretos del Ejecutivo.
- Involucrar plenamente al paciente y a los prestadores en la construcción del modelo.
Conclusión
La carta de los exministros pone sobre la mesa una acusación seria: que la crisis de la salud en Colombia no es un accidente, sino parte de un diseño. Para el Gobierno, es un señalamiento fuerte que añade presión política y técnica en un momento de alta sensibilidad social. El debate sobre la reforma al sistema de salud en Colombia se intensifica, y lo que está en juego va más allá de la cobertura: se disputa el modelo mismo de garantía del derecho a la salud.
