En los últimos días emergió una alerta de inteligencia que ha sacudido el ambiente político colombiano: se ha revelado la existencia de un presunto plan para atentar contra figuras públicas de alto perfil, con el objetivo de generar un clima de inestabilidad y usar dichos atentados como herramienta de manipulación política. Las autoridades han reaccionado inmediatamente reforzando esquemas de protección y activando investigaciones para determinar el origen de la amenaza, sus autores posibles y su alcance real.
Qué se sabe hasta ahora
- Quiénes estarían bajo amenaza
De acuerdo con informes de inteligencia compartidos con medios nacionales, los señalados como blancos potenciales son:- El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.
- La senadora Paloma Valencia, quien además es precandidata presidencial por el Centro Democrático.
- La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde.
- Motivaciones atribuidas al plan
Las versiones preliminares de inteligencia apuntan a que quienes urdirían la operación pretenden responsabilizar al Gobierno nacional por los atentados, generando una percepción de caos institucional.
También se especula sobre la posible participación de personas vinculadas a la fuerza pública en retiro, lo que complica la trama al elevar la sospecha de infiltraciones institucionales. - Reacción institucional inmediata
- El presidente Gustavo Petro fue informado directamente del riesgo y convocó reuniones privadas con los legisladores y el contralor para notificarles la alerta.
- La Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzó los esquemas de seguridad de los involucrados.
- Se activaron protocolos preventivos por parte de las entidades de inteligencia, Policía y Fiscalía para rastrear y desarticular cualquier grupo operativo que pudiera estar detrás del plan.
- La Defensoría del Pueblo pidió que la investigación sea prioridad nacional y advirtió que, de confirmarse, se trataría de un ataque no solo contra quienes ejercen política, sino también contra la institucionalidad democrática.
- Contexto de violencia política creciente
Este episodio no ocurre en el vacío. En 2025 se han registrado varios hechos de violencia política que llaman la atención:- El atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado en un acto público en Bogotá y luego falleció. Amenazas anteriores contra otros dirigentes como Lina María Garrido y Daniel Briceño, donde un oficial retirado alertó públicamente sobre posibles planes. Escalada de atentados con explosivos en ciudades como Cali, y acciones armadas contra fuerzas del orden, lo que ha generado un clima de inseguridad generalizada.
- Riesgos y desafíos para la investigación
- Si efectivamente hay infiltraciones de miembros (o exmiembros) de fuerzas del Estado, la cadena de mando, responsabilidades y escondites serán más difíciles de desentrañar.
- Si el propósito es generar falsos positivos o atribuir la responsabilidad al Gobierno, hay riesgos de manipulación política y desgaste institucional.
- Las garantías para figuras públicas, especialmente mujeres en política, quedan en entredicho. La Defensoría ha advertido que este tipo de amenazas no solo es un ataque a personas, sino a la democracia misma.
- La coordinación entre organismos de inteligencia, Fiscalía y Policía es vital para evitar filtraciones, demoras o descarte de pistas relevantes.
Implicaciones políticas y sociales
- Deslegitimación institucional: Si se comprueba que miembros del sistema de seguridad están implicados, la confianza en las entidades estatales puede deteriorarse gravemente.
- Polarización: En un año electoral como 2025–2026, este tipo de amenazas pueden usarse como ariete político para acusaciones mutuas, discursos de victimismo o aumento de tensión partidaria.
- Seguridad democrática debilitada: Que dirigentes con visibilidad pública estén bajo riesgo obliga al Estado a reforzar los esquemas protectores, lo que a su vez puede generar inequidades entre quienes tienen protección y quienes no.
- Mensajes simbólicos: Atacar figuras representativas (una contralora, una legisladora, una senadora-precandidata) envía un mensaje de advertencia para el ejercicio de la política y el control social.
Conclusión
La evidencia disponible hasta ahora señala que se trata de un plan con múltiples capas: intimidación, manipulación política, riesgo institucional. Las autoridades están obligadas a actuar con celeridad, transparencia y rigor investigativo para no dejar vacíos que permitan que amenazas tan graves se materialicen o queden impunes. La ciudadanía también tiene un papel fundamental: exigir información veraz, vigilancia del proceso judicial y salvaguarda de las libertades fundamentales en medio de esta coyuntura crítica.
