Pidieron fortalecer cuerpos de socorro en Nariño

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En las últimas horas se pudo conocer que, la Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades departamentales de Nariño, adoptar medidas oportunas para fortalecer los cuerpos de socorro.

Ante la primera temporada de menos lluvias a causa del fenómeno de El Niño, la Procuraduría General de la Nación instó a las 39 alcaldías de Nariño que aún no han adelantado acciones de gestión integral del riesgo contra incendios para la vigencia 2024, a suscribir el convenio o contrato correspondiente con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

En el requerimiento preventivo, la Entidad solicitó a las alcaldía que conforman el departamento, información sobre las medidas adoptadas para enfrentar las condiciones climáticas de esta época del año en que suelen generarse incendios forestales que originan el aumento de las emergencias.

Resultado de esa actuación, la Procuraduría estableció que, con corte al 15 de febrero de 2024, de los 60 organismos de socorro activos con que cuentan los nariñenses, solo 21 municipios apropiaron recursos para la gestión del riesgo contra incendios.

A pesar de ello, el ente de control advierte que los valores destinados para cubrir cualquier eventualidad no son suficientes, los municipios de Buesaco, Chachagüi, Córdoba, Cuaspud, Cumbitara y El Tambo destinaron recursos por el de los de 30 millones de pesos, mientras que los 15 restantes reservaron sumas inferiores con las cuales difícilmente podrían atender posibles emergencias.

Finalmente, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia de gestión del riesgo con desastres, el Ministerio Público aseveró en sus oficios que las administraciones municipales, en cabeza de los alcaldes, deberán remitir copia de las acciones emprendidas para atender cualquier eventualidad para fortalecer sus respectivos cuerpos de socorro.

El Ministerio Público recordado que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales ni de los particulares que ejercen funciones públicas.


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