En el sector del puente Sardinata, ubicado en la Ruta 45 que conecta Neiva con Campoalegre, se llevó a cabo una masiva protesta protagonizada por bolqueteros y paleros de la región.
Los manifestantes, denunciaron una creciente persecución por parte de las autoridades a raíz de operativos que, según ellos, han afectado directamente su derecho al trabajo. Los bolqueteros, quienes se dedican principalmente a la minería artesanal en los ríos de la zona, exigieron la intervención del gobierno departamental y nacional para frenar lo que consideraban un abuso de poder.
Capturas injustificadas
Delfín Narváez, uno de los líderes de la protesta, explicó que la movilización fue el resultado de una constante presión por parte de las autoridades policiales y del CTI, que en las últimas semanas realizaron operativos en los que se decomisaron varias bolquetas y maquinaria pesada.
«Nos tratan como delincuentes, peor que delincuentes, cuando lo único que hacemos es trabajar para ganarnos el sustento,» señaló Narváez con visible frustración.
Según los manifestantes, más de 200 familias dependen de la actividad minera artesanal, pero las autoridades los han acusado de llevar a cabo minería ilegal. “Cualquier persona puede hacer una denuncia alegando daños ambientales y de inmediato somos nosotros los afectados, sin que se investigue a fondo lo que realmente está pasando”, añadió Narváez.
En las últimas semanas, cinco personas fueron capturadas, y tres bolquetas y una retroexcavadora fueron incautadas. Narváez aclaró que la maquinaria pesada decomisada no pertenecía a los bolqueteros, sino que era parte de un trabajo externo que no tenía relación con su actividad artesanal.
Una lucha por el derecho al trabajo
El principal reclamo de los manifestantes era la falta de definición y regulación clara sobre los polígonos autorizados para la explotación minera. Aseguraron que trabajan de manera artesanal, sin el uso de maquinaria pesada, y que su labor no tiene el impacto ambiental que se les atribuye. “Nosotros trabajamos con palas, no con retroexcavadoras ni grandes máquinas. Lo que queremos es que se nos respete nuestro derecho al trabajo, porque muchas familias dependen de esto”, insistió Narváez.
Los bolqueteros también hicieron énfasis en el impacto económico que tendría para la región la paralización de su actividad. Además de las más de 200 familias directamente involucradas, señalaron que otros sectores económicos, como ferreterías, talleres y pequeños comerciantes, también dependen de la minería artesanal. “Si dejamos de trabajar, muchas otras personas se verán afectadas. Aquí hay mucha gente que vive de lo que hacemos en el río”, comentó uno de los manifestantes.
Reunión con el gobierno departamental
Ante la creciente tensión, las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Campoalegre, Víctor Ramón Vargas Salazar, se comprometieron a mediar en la situación. Vargas Salazar reconoció la importancia de los trabajadores mineros para la economía local y expresó su apoyo para encontrar una solución que permita regular la actividad de manera legal. «Nos hemos puesto siempre del lado de la comunidad, y en este caso no será la excepción», afirmó el alcalde.
El mandatario propuso la creación de una mesa técnica que involucrara a las autoridades departamentales, a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), y a los municipios de Campoalegre y Rivera. La mesa técnica buscaría definir de manera clara los polígonos donde los trabajadores pueden realizar sus actividades sin interferir con regulaciones ambientales o ser acusados de minería ilegal.
Exigencia de pronunciamiento del gobierno nacional
Aunque la propuesta de las autoridades locales fue bien recibida por los manifestantes, Delfín Narváez hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que también intervenga en la problemática. “Ya no podemos esperar más. Necesitamos que el gobierno se pronuncie y tome cartas en el asunto. Las familias están pasando hambre porque no nos dejan trabajar», dijo Narváez.
El líder de los bolqueteros recordó que en el año 2022 se emitió una sentencia y una acción popular que abordaba el tema de la minería en la región, pero que hasta la fecha no se han visto avances concretos en la implementación de estas decisiones. «Las familias dependen de nosotros, y si no hay una solución pronto, la situación se va a volver insostenible», agregó.
El impacto en la comunidad local
El sector del puente Sardinata, en la Ruta 45, es un corredor vial crucial que conecta Neiva con Campoalegre y otros municipios del departamento de Huila. La protesta, que bloqueó temporalmente el paso en esta vía, también generó preocupación entre los transportadores y comerciantes locales que vieron afectada la circulación de vehículos y mercancías. Sin embargo, los manifestantes afirmaron que no levantarían la protesta hasta obtener respuestas claras por parte de las autoridades.
«Estamos dispuestos a quedarnos aquí dos, tres días, lo que haga falta, porque esta lucha es por nuestro derecho al trabajo», declaró uno de los manifestantes. A pesar de la incomodidad generada por el bloqueo, muchos conductores y ciudadanos mostraron su apoyo a los bolqueteros, entendiendo la magnitud del problema que enfrentan.
