En medio de un debate de control político, el concejal de Neiva Abel Mendoza encendió las alertas al solicitar a la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía una auditoría exhaustiva a la administración del alcalde Germán Casagua Bonilla, tras detectar posibles anomalías en la contratación pública.
El cabildante sustentó su llamado en un análisis detallado del SECOP, donde se revisaron 7.548 contratos suscritos entre 2025 y 2026 por cinco entidades del orden municipal. Según Mendoza, el cruce de información permitió identificar 167 contratistas con presencia simultánea en varias entidades, de los cuales 100 presentan traslape en los tiempos de ejecución, lo que genera dudas sobre la transparencia y legalidad de estos procesos.
Hallazgos
Entre los principales resultados se evidenció una alta concentración contractual en determinados actores. Casos como la Unión Temporal Colegios Neiva 2026, con millonarios contratos, y entidades como FOMCULTURA, reflejan una distribución que, según el concejal, merece revisión. También aparecen firmas y personas naturales con múltiples contratos en la Alcaldía y la ESE Carmen Emilia Ospina, lo que incrementa las alertas sobre posibles prácticas reiterativas.
Uno de los puntos más sensibles expuestos por Mendoza es la coincidencia de contratistas entre la Contraloría Municipal y entidades que deben ser vigiladas, situación que podría comprometer la independencia del control fiscal.
Llamado a investigación
El concejal fue enfático en advertir que estos hallazgos deben ser analizados por las autoridades competentes. Solicitó a la Fiscalía verificar posibles delitos contra la administración pública, a la Procuraduría revisar responsabilidades disciplinarias y a la Contraloría General evaluar la actuación del ente local.
El debate deja sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y garantizar que la contratación pública en Neiva se rija por principios de transparencia, legalidad e independencia institucional.
