La Contraloría Distrital de Bogotá, bajo la dirección de Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, alertó sobre el riesgo fiscal latente relacionado con el contrato 588 de 2022, firmado para la compra de siete máquinas extintoras de incendios destinadas al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
El ente de control señalo que, pese a que el contrato vencía este viernes, los chasises de los vehículos aún no han ingresado al territorio nacional y, por tanto, no será posible ensamblar ni entregar los equipos en la fecha estipulada, poniendo en riesgo el patrimonio público y la capacidad operativa de respuesta ante emergencias en la capital.
El proceso de adquisición ha estado marcado por retrasos y dificultades logísticas. Según la Contraloría, los chasises de las máquinas extintoras ya fueron fabricados en Estados Unidos; sin embargo, la importación implica una serie de trámites que incluyen el traslado marítimo desde Miami hasta Cartagena y, posteriormente, vía terrestre a Bogotá, donde se realizaría el montaje final y la adecuación de los vehículos con todos sus componentes.
Además de estas etapas, los equipos deben someterse a pruebas técnicas y el personal operador requiere capacitación especializada antes de que las máquinas puedan ser oficialmente recibidas y puestas en funcionamiento.
El contrato, que tiene un valor total cercano a los $13,557 millones, fue objeto de un desembolso anticipado por $6,643 millones —el 49% del monto total—, cifra que está actualmente protegida por una póliza de cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de este año.
Por su parte, la directora de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao Escobar, aseguró que el pasado 10 de agosto comenzó la ruta de importación de Miami a Cartagena, buscando dar un parte de tranquilidad. “A pesar de los obstáculos que se presentaron, técnicos y jurídicos, el cuerpo Oficial de Bomberos nunca ha declinado en su esfuerzo de adelantar todas las acciones para lograr el cumplimiento del contrato”, indicó la funcionaria.
Sin embargo, la Contraloría ha subrayado la urgencia de que el Distrito tome acciones, dado que el plazo para hacer efectiva la póliza representa un elemento crítico en la defensa de recursos públicos significativos. En palabras del Contralor Ruiz Rodríguez, “todo este proceso pendiente hace prácticamente imposible que el contratista cumpla con la entrega y puesta en operación en la fecha estipulada, escenario que puede acarrear repercusiones directas en el patrimonio público y la operatividad del servicio de emergencias”.
En el contexto mediático, la situación ha sido ampliamente reportada por medios nacionales, donde se destaca la inquietud de concejales y otros entes de control por el futuro del contrato. El concejal Daniel Briceño, por ejemplo, ha solicitado la suspensión inmediata de la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao Escobar, dada la falta de resultados concretos.
