Una joven con discapacidad sufre por el consumo de agua contaminada.
En pleno territorio rural de Ibagué, mientras en otros barrios abren la llave sin pensarlo dos veces, 454 familias del asentamiento Reservas del Paugil viven una realidad que parece sacada de otro siglo. Allí no existe acueducto formal ni control sanitario permanente. La única fuente de abastecimiento es la quebrada Paugil, un afluente que baja sin tratamiento alguno, atraviesa un tanque improvisado y termina distribuido por mangueras artesanales hacia cada vivienda. Esa agua, que debería ser sinónimo de vida, se ha convertido en una amenaza silenciosa que acecha todos los días.
No hay filtros, no hay presión constante, no hay cloro y tampoco revisiones técnicas periódicas por parte del Ibal. Lo que sí hay es miedo. Miedo de cocinar con ese líquido turbio, de preparar el tinto de la mañana, de bañar a los niños o de lavar una herida abierta. Cada balde que se llena en esas casas arrastra la incertidumbre de no saber qué microorganismos viajan en él. Sin embargo, la necesidad obliga y la comunidad no tiene otra alternativa distinta a consumirla.
El caso más doloroso es el de una joven en condición de discapacidad que llegó hace dos años a vivir con su familia en este sector. Se moviliza en silla de ruedas y enfrenta diariamente una llaga que no logra cicatrizar. Según relatan sus allegados, los médicos han sido claros: mientras continúe bañándose con agua contaminada, la herida seguirá abierta y expuesta a infecciones. La familia no tiene cómo comprar agua tratada todos los días, y menos aún instalar sistemas de purificación costosos.
Su situación refleja la vulnerabilidad de toda la comunidad. Adultos mayores, niños y personas con condiciones médicas especiales están expuestos a enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y otros riesgos asociados al consumo de agua sin tratamiento. Lo que para muchos es un servicio básico garantizado, para ellos es un privilegio inexistente.
Cansados de esperar, los habitantes hacen un llamado urgente a la alcaldesa Johana Aranda para que visite el sector y conozca de primera mano la crisis que enfrentan. Aseguran que no buscan confrontaciones, sino soluciones concretas que permitan instalar un sistema de acueducto digno y seguro.
Los residentes sostienen que han enviado solicitudes formales y expuesto la problemática ante diferentes instancias, pero la respuesta sigue siendo insuficiente. Mientras tanto, la quebrada continúa siendo la única opción. En temporada de lluvias el agua baja más turbia, y en verano el caudal disminuye, aumentando la angustia colectiva.
Vivir sin agua potable no es una incomodidad pasajera, es una vulneración directa de un derecho fundamental.
