Un grupo de congresistas y juristas solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación que suspenda de manera provisional al ministro Armando Benedetti, tras las declaraciones que hizo recientemente sobre la magistrada Cristina Lombana.
Los solicitantes consideran que los comentarios del funcionario constituyen una falta de respeto hacia la administración de justicia y podrían interpretarse como una forma de presión o interferencia en las decisiones judiciales. En su petición, argumentaron que “la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho y no puede verse afectada por declaraciones de altos funcionarios del Gobierno”.
La Procuraduría anunció que evalúa la solicitud y que, de encontrarse méritos, abriría una investigación disciplinaria para determinar si las expresiones del ministro vulneraron los principios de respeto y colaboración entre poderes.
Por su parte, Benedetti defendió sus palabras señalando que se trató de una opinión personal y que no pretendía desacreditar la labor de la magistrada ni del poder judicial. Sin embargo, el episodio ha generado un amplio debate político sobre los límites del discurso de los servidores públicos y la responsabilidad que implica ocupar cargos de alta jerarquía.
