En medio del movimiento propio de la temporada decembrina, una voz ciudadana se levantó en Pitalito para cuestionar las decisiones adoptadas por la administración municipal en materia de movilidad. La mujer, visiblemente inconforme, señaló que las inmovilizaciones de motocicletas y vehículos en el centro del municipio están golpeando de manera directa a quienes dependen de estos medios para trabajar y llevar el sustento a sus hogares.
Según su testimonio, las medidas se han aplicado con rigor en zonas comerciales y en horarios de alta afluencia, justo cuando más ingresos esperan vendedores, domiciliarios y pequeños comerciantes. Para ella, el problema no es el control en sí, sino la forma como se está ejecutando, sin considerar el contexto social y económico de muchas familias.
Queja ciudadana
La denunciante afirmó que mientras a ciudadanos comunes se les inmovilizan los vehículos, algunos funcionarios públicos permanecen mal estacionados sin recibir sanción. Esta situación, dijo, genera una sensación de desigualdad y desconfianza frente a la autoridad. “No es justo que al trabajador se le trate como delincuente”, expresó, insistiendo en que la norma debe aplicarse de manera equitativa.
Más allá de la crítica puntual, la ciudadana pidió que se escuche a la comunidad, que se abran espacios de diálogo y que se expliquen con claridad los alcances de estas decisiones. Para ella, el silencio institucional solo aumenta el malestar en las calles.
Llamado concejo
Ante este panorama, la mujer hizo un llamado directo al Concejo Municipal para que ejerza control político sobre la gestión del alcalde Yider Luna y la Secretaría de Movilidad. Considera que este es el escenario adecuado para debatir las medidas, evaluar sus impactos y, si es necesario, proponer ajustes que no perjudiquen a los sectores más vulnerables.
El pronunciamiento fue dirigido especialmente al presidente del Concejo de Pitalito, Yilver Augusto Neutra Artunduaga, a quien pidió liderar este proceso y garantizar que las inquietudes ciudadanas sean escuchadas y debatidas públicamente.
Polémica abierta
La controversia se intensifica al conocerse que el Intrapitalito proyecta un recaudo cercano a los 2.980 millones de pesos en multas y comparendos durante 2025. Para algunos ciudadanos, esta cifra alimenta la percepción de que las sanciones tienen un fin más recaudatorio que pedagógico.
Mientras tanto, el debate sigue abierto en la ciudad. En las calles, entre compradores y vendedores, se repite una misma petición: control sí, pero con sentido social y respeto por quienes trabajan día a día.
