Una antigua investigación de 1989 relacionada con el asalto al Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985, ha vuelto a ser tema de discusión tras conocerse que el presidente Gustavo Petro fue llamado a juicio en un expediente que permanecía archivado desde hace más de tres décadas. El caso, impulsado por la Fiscalía en su momento, buscaba determinar presuntos vínculos entre algunos militantes del M-19 —grupo al que perteneció Petro antes de su desmovilización— y los hechos violentos ocurridos durante la toma. Sin embargo, en su momento el proceso no prosperó por falta de pruebas y fue cerrado sin una decisión de fondo.
El resurgimiento del expediente ha generado debate político y jurídico en el país, pues sectores de oposición lo interpretan como un intento de revisar el pasado del actual mandatario, mientras que sus defensores lo consideran una maniobra de persecución política. Expertos en derecho penal recordaron que, tras los acuerdos de paz firmados por el M-19 en 1990, sus exintegrantes quedaron indultados por los delitos políticos asociados a la rebelión, por lo que un eventual proceso judicial por esos hechos carecería de sustento legal.
Desde la Casa de Nariño se ha reiterado que el presidente no tiene ninguna responsabilidad judicial vigente y que el caso de 1989 pertenece a un contexto histórico ya superado por la justicia y por la reconciliación nacional. No obstante, el episodio reaviva el debate sobre la memoria del conflicto armado, la justicia transicional y el papel de los excombatientes en la vida política actual de Colombia, temas que siguen marcando el pulso del país casi cuatro décadas después de uno de los hechos más trágicos de su historia reciente.
