Los uniformados agredidos el día de ayer, miércoles 19 de octubre, durante los enfrentamientos entre fuerza pública y comunidad Embera, fueron visitados por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, así como el director general de la Policía, Henry Armando Sanabria Cely.
Con el presidente de la República y el director general de la Policía, vinimos al Hospital Central a conocer directamente el estado de salud de los policías injustamente agredidos y a expresarles nuestro apoyo y solidaridad.
dijo el jefe de la cartera de Defensa en su cuenta de Twitter.
Más temprano, Velásquez envió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pide que los agresores sean identificados, judicializados y sancionados.
Para Velásquez, quien salió del Palacio de Nariño para sostener una relación urgente con el fin de conocer los pormenores de estos hechos, aseguró que nada justifica este tipo de agresiones.
“Nada justifica la agresión que sufrieron esta tarde 14 miembros de la Policía Nacional a manos de indígenas en Bogotá. Los agresores deben ser judicializados y sancionados”, trinó el ministro.
Este mensaje de rechazo se suma al que envió el presidente Gustavo Petro. “Todo miembro de la Policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos. Es también violador de Derechos Humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”.
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Situación con los Embera
Desde horas de la mañana decenas de indígenas de la comunidad Embera katío que estaban asentados en el Parque Nacional y posteriormente fueron reubicados en La Rioja, se tomaron el antiguo edificio Avianca, en el Parque Santander.
Los indígenas Embera estarían usando a decenas de niños menores de edad, como escudo para evitar que las autoridades intervengan y logren evacuarlos de este edificio, que queda sobre la carrera Séptima en el centro de la ciudad, a pocos metros de la sede del Banco de la República.
Los indígenas se tomaron ilegalmente las entradas y salidas de este edificio y al interior del mismo habría más de 200 personas totalmente retenidas en contra de su voluntad.
Esta situación estaba ocurriendo a pesar de que en el lugar hay presencia de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Los indígenas se habrían tomado este edificio como ‘represalia’ ante la posible negativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de atender nuevas exigencias de la comunidad.
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