En una alocución oficial, el presidente Gustavo Petro ofreció disculpas a las madres de los menores que murieron durante bombardeos de las Fuerzas Armadas en Guaviare, Caquetá, Arauca y Amazonas. Aunque reconoció el dolor causado, defendió las operaciones militares y se refirió a los fallecidos como “menores combatientes”, término que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
El presidente aseguró que al momento de las operaciones no se tenía conocimiento de la presencia de menores, pero insistió en que estos no eran civiles ajenos al conflicto.
“Lamentablemente murieron menores combatientes. Explicaré este concepto según el Derecho Internacional Humanitario. Pero esto no me impide pedir perdón a las madres que ven morir a sus hijos en combate”, afirmó Petro, quien calificó la guerra como “un hecho anómalo y negativo”.
Petro señaló que los cuestionamientos que hoy recaen sobre estas operaciones —que están bajo investigación de la Fiscalía— responden también a “intereses políticos”. Al igual que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió los bombardeos, pese a que dejaron al menos 15 menores de edad muertos.
El mandatario precisó que los menores estaban vinculados activamente a estructuras armadas ilegales:
“No estamos hablando de niños que pasaban por ahí o que estaban en un caserío. Eran menores reclutados, entrenados y armados”, dijo, haciendo referencia a las disidencias de ‘Iván Mordisco’.
Aunque en 2019 criticó al entonces ministro de Defensa de Iván Duque por un bombardeo en Caquetá donde también murieron menores, esta vez Petro sostuvo que la acción militar era necesaria para contener el fortalecimiento de los grupos ilegales.
“No son máquinas de guerra; son víctimas. Pero se les denomina menores combatientes”, puntualizó.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió suspender los bombardeos ante posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario y solicitó al Gobierno los reportes previos de verificación de estos operativos. Según la funcionaria, hasta ahora no ha recibido esa información.
Ante la polémica, el Congreso prepara una moción de censura contra el ministro de Defensa, quien deberá acudir antes del 16 de diciembre a la plenaria de la Cámara para explicar los hechos, en lo que se perfila como uno de los debates más sensibles del actual gobierno.
