Gustavo Petro anunció que solicitará formalmente al gobierno de Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien se encuentra presuntamente prófugo de la justicia colombiana por su vinculación al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según una investigación de Semana, González reside en Managua “cómoda y tranquilamente”, protegido por el régimen de Daniel Ortega, y cuenta con residencia permanente otorgada en diciembre de 2024. A pesar de que una expulsión obedecería a un proceso jurídico, su permanencia en Nicaragua aviva la polémica política.
¿Qué dice el gobierno?
A través de su cuenta en la red social X, el presidente Petro rechazó cualquier tipo de gestión oficial para facilitar la residencia de González en Nicaragua. “El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, afirmó categóricamente.
Por su parte, la exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también negó participación en ese proceso:
“No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad.”
Antecedentes e implicaciones
González enfrenta cargos por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Su orden de captura fue dictada por un juez del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de julio de 2025, en el marco del desfalco con carrotanques a la UNGRD, que habría implicado sobornos a congresistas.
La revelación de la residencia en Nicaragua ha generado fuertes críticas. Líderes políticos han denunciado que el hecho representa una “burla a la justicia” y un desprestigio institucional, especialmente si se confirma que el propio Gobierno facilitó trámites migratorios para un imputado.
¿Qué sigue?
La administración Petro avanza ahora en pedir formalmente a Nicaragua la entrega de González. Este es el primer caso en el que un alto exfuncionario cercano al mandatario enfrenta una orden de captura formal por corrupción.
