El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un paso drástico en su política de seguridad: ha ordenado un bombardeo sobre un campamento en el Guaviare perteneciente a la disidencia de las FARC dirigida por el líder conocido como “Iván Mordisco” (Néstor Gregorio Vera Fernández). Según fuentes oficiales, la operación dejó 25 personas fallecidas, lo que indica un endurecimiento de la estrategia militar del Ejecutivo. Petro justificó la acción señalando que el grupo de Mordisco no es simplemente un movimiento armado sino una red al servicio del narcotráfico. Aseguró que su decisión se basa en proteger a la población y frenar las actividades criminales, y señaló que “debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”.
Esta operación representa un cambio significativo: aunque en su gobierno se han tenido acercamientos con grupos insurgentes, la acumulación de ataques recientes ha llevado a una orientación más agresiva contra estas estructuras. El Ministerio de Defensa también ha intensificado los bombardeos en varios frentes disidentes, algo que refleja una escalada militar bajo la administración de Petro.
Este evento ha generado críticas por parte de sectores que esperaban una política más pacífica, pero también ha sido defendido por quienes consideran que la desmovilización no ha sido suficiente para controlar las disidencias. Además, abre una nueva fase de la relación entre el Estado colombiano y las estructuras criminales: no solo hay una componente ideológica, sino también un claro componente económico ligado al narcotráfico. La ofensiva podría tener consecuencias importantes para la estabilidad de la región del Guaviare y para la estrategia general de paz y reconciliación en Colombia. Para muchos analistas, esta acción marca una apuesta arriesgada por parte de Petro, que mezcla su discurso de transformación con una lógica de confrontación directa.