El presidente Gustavo Petro sorprendió el 15 de agosto durante un Consejo de Ministros al ordenar al titular de las TIC abrir la licitación del Canal 1. Según el mandatario, el nuevo esquema debe apartarse tanto del control del gobierno como de los “potentados económicos” y estar en manos de la juventud, la cultura y el arte. Petro ordena licitación del Canal 1: contrato sigue vigente hasta 2037.
La instrucción encendió la polémica. Varios sectores políticos y empresariales calificaron la decisión como un intento de “expropiación” y un riesgo para la libertad de prensa. El Canal 1 es operado actualmente por Plural Comunicaciones, consorcio que ganó la licitación pública en 2017 tras pagar más de $107.000 millones.
Te puede interesar: $500 millones por Alex Vitonco: autor del atentado contra Julio César Triana
La ley fija el plazo hasta 2037
Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, respondió con firmeza a Petro. Recordó que la concesión se firmó en abril de 2017 y tiene una vigencia de 20 años, conforme al artículo 12 de la Ley 1978 de 2019. Ese marco jurídico extendió los permisos de uso del espectro radioeléctrico hasta por dos décadas, lo que asegura su validez hasta el 30 de abril de 2037.
Expertos legales como la abogada Carolina Restrepo confirman que no se trata de una prórroga discrecional, sino de un contrato con plazo definido. Además, explicó que los contratos de concesión del espectro se rigen por un régimen especial y no se publican en el Secop, lo que despeja dudas sobre su validez.
Medios y empresarios rechazan la orden
Plural Comunicaciones reiteró en un comunicado que cumple la ley y defiende el pluralismo informativo. La empresa aseguró que su financiación proviene de la pauta comercial y de convenios con medios nacionales e internacionales como Univisión-Televisa, NBCU-Telemundo y Caracol Radio.
Periodistas y gremios empresariales reaccionaron con dureza. Luis Carlos Vélez calificó la medida como un “ataque contra la libertad de prensa”, mientras que Jaime Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que se trata de un “atentado contra la democracia” al desconocer derechos adquiridos. Para Avendaño, este pulso jurídico pone en riesgo la independencia de un canal que llega cada mes a más de 13 millones de colombianos.
