El presidente Gustavo Petro impartió la orden al ministro de las TIC, Julián Molina, durante el consejo de ministros del 15 de agosto, instruyéndolo a iniciar la licitación del Canal 1 pese a que la concesión actual de Plural Comunicaciones se encuentra vigente hasta mayo de 2037. En su declaración, el mandatario señaló que el canal debe convertirse en un medio al servicio de las juventudes, la cultura y el arte, y no de “potentados económicos ni del mismo Gobierno”, lo que marca una postura política fuerte que cuestiona directamente el modelo de concesión actual.
Acusaciones de irregularidades en la concesión
El jefe de Estado aseguró que “hay irregularidades” en la operación de Plural Comunicaciones, aunque no explicó con claridad cuáles serían los hechos jurídicos que permitirían caducar un contrato firmado bajo ley de la República. Desde mayo, el MinTIC ha adelantado investigaciones sobre presuntas anomalías en la modificación de la composición accionaria de la empresa concesionaria, que, según la entidad, no fueron notificadas ni actualizadas en el Registro Único de Operadores (RUO), como lo establece la normativa.
Respuesta de Plural Comunicaciones
El presidente del Canal 1, Ramiro Avendaño, respondió que “no existe sustento jurídico” para lo solicitado por el presidente, recordando que la concesión está garantizada por ley hasta 2037 y que las acusaciones representan un “matoneo sistemático” contra un medio libre e independiente. Plural Comunicaciones sostiene que no hubo irregularidades en sus procesos de cambio accionario y que el MinTIC había confirmado previamente que no era necesario reportar movimientos internos de socios en la empresa concesionaria.
Debate jurídico y político en curso
La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que concluyó que las modificaciones accionarias de Plural Comunicaciones no configuran causales de vigilancia ni representan subordinación empresarial. La controversia evidencia una tensión creciente entre el Gobierno y el concesionario, que interpreta las decisiones oficiales como un intento de expropiación mediática, lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la independencia de los medios de comunicación en Colombia.
