Bogotá, 15 de agosto de 2025 — En medio del escándalo que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el presidente Gustavo Petro reiteró su compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción dentro del Estado, incluso si ello implica revisar la conducta de funcionarios cercanos a su gobierno.
La controversia que involucra presuntas irregularidades en contratos y desvío de recursos en la UNGRD ha derivado en señalamientos contra figuras del gobierno, incluyendo a Carlos Ramón González, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Aunque hasta el momento no existe una orden judicial en su contra, sectores de la opinión pública y de la oposición han exigido claridad frente a su papel dentro del escándalo.
Petro, en declaraciones recientes, aseguró que “no habrá manto de impunidad para nadie, ni dentro ni fuera del gobierno”, en lo que analistas interpretan como un intento por reforzar su imagen de independencia frente a posibles actos de corrupción en su administración.
Sin embargo, la supuesta solicitud del mandatario de que González “sea entregado” ha generado interpretaciones encontradas. Mientras algunos lo ven como un gesto de coherencia política, otros advierten sobre el riesgo de que estas decisiones se tomen sin el debido proceso.
Carlos Ramón González, quien ha sido uno de los aliados políticos más cercanos a Petro desde sus épocas en el movimiento Progresistas, ha rechazado públicamente cualquier vínculo con el escándalo y asegura estar dispuesto a colaborar con las autoridades en caso de ser requerido.
Entretanto, la Fiscalía continúa avanzando en las investigaciones sobre el manejo de recursos en la UNGRD durante los últimos dos años, mientras sectores del Congreso ya barajan la posibilidad de una moción de control político sobre la entidad y su estructura administrativa.
