La ambiciosa política de “paz total” del presidente colombiano Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la ofensiva aérea ordenada por el mandatario contra posiciones de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco. El ataque, ocurrido el lunes 10 de noviembre en el centro-sur del país, dejó 19 guerrilleros muertos, tres capturados, tres menores rescatados y abundante material de guerra incautado, según confirmaron las Fuerzas Militares.
El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que el bombardeo —el séptimo autorizado por Petro en lo que va del año y el más letal de todos— fue una respuesta a “un ataque inminente” contra tropas desplegadas en la zona. La magnitud del operativo, sin embargo, ha generado un intenso debate sobre el futuro del proceso de paz que el presidente había presentado como su principal apuesta política.
Un giro en la estrategia de “paz total”
Analistas coinciden en que el bombardeo refleja un cambio de rumbo en la política de seguridad del gobierno. “La estrategia de paz total de Petro ha evolucionado”, explica Elizabeth Dickinson, analista sénior para Colombia del International Crisis Group. “Cuando llegó al poder, su intención era reducir las operaciones militares y avanzar mediante el diálogo y los ceses al fuego. Pero el estancamiento en las negociaciones lo ha llevado a retomar la iniciativa armada”.
Para Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la fundación alemana Friedrich Ebert, el giro responde a una realidad incómoda: “El gobierno no logró ofrecer incentivos suficientes para que los grupos armados se desmovilizaran o cumplieran los acuerdos. Eso debilitó el proceso y redujo su credibilidad”.
Ambas expertas coinciden en que la ofensiva busca enviar un mensaje de autoridad ante el deterioro de la seguridad en el país. “Las explosiones en estaciones policiales, los ataques contra instalaciones militares y la violencia contra civiles no pueden ser tolerados”, subraya Dickinson.
Entre la fuerza y el diálogo
Aunque el bombardeo no supone el fin formal de la política de paz, sí pone en duda su viabilidad. La persistencia de los atentados —como los ocurridos en Cali o el derribo de un helicóptero policial en agosto— ha generado una sensación de inseguridad que, según Niño, “ha normalizado la violencia” y ha hecho que parte de la población vea con menos crítica el regreso de los bombardeos.
“En Colombia nos hemos acostumbrado a convivir con altos niveles de violencia”, sostiene la experta. “Y en un contexto preelectoral, la percepción de inseguridad pesa mucho: el gobierno necesitaba mostrar resultados”.
Dickinson advierte, no obstante, que la estrategia militar difícilmente resolverá el problema de fondo. “Hoy los grupos armados no se agrupan en campamentos como antes; viven entre la población civil y operan de forma dispersa. Las bombas no son una solución sostenible”, señala.
Un equilibrio cada vez más frágil
El ataque del 10 de noviembre deja claro que Petro busca equilibrar diálogo y coerción, combinando la negociación con acciones de fuerza. Pero el desafío es mantener la coherencia de una política que prometía reducir la violencia a través de la inclusión y el consenso.
Con las elecciones cada vez más cerca y el país presionando por resultados tangibles, la gran incógnita ahora es si la “paz total” aún puede sobrevivir a su propia contradicción: intentar construir la paz en medio de nuevas bombas.
