Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, lidera el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN con presencia en al menos 10 municipios de Nariño. Su grupo entregó más de 500 armas al Ejército en abril, incluyendo morteros y minas antipersonales. Bajo el marco de la política de paz total, el Gobierno otorgó a Yepes libertad de movimiento en la zona para avanzar en la negociación. Petro desafía a EE.UU.: no extradita a alias ‘HH’ y prioriza la paz total.
A pesar de estar acusado de narcotráfico y tener una solicitud de extradición por parte de la Corte del Distrito Este de Texas, el presidente Gustavo Petro decidió frenar su entrega a Estados Unidos. Según el Gobierno, su participación activa en los diálogos y los compromisos con la dejación de armas justifican la suspensión.
EE.UU. reacciona: cartas y posibles sanciones; Petro desafía a EE.UU.: no extradita a alias ‘HH’ y prioriza la paz total
La decisión del presidente Petro causó malestar en Washington. Una carta confidencial del Departamento de Justicia al Gobierno colombiano advierte que la suspensión de la extradición “socava la lucha contra los delitos transnacionales” y pone en riesgo décadas de cooperación bilateral.
Noticias Caracol reveló que la Casa Blanca ya estudia la posibilidad de imponer sanciones económicas o diplomáticas a Colombia. Para EE. UU., este caso sienta un precedente peligroso, ya que podría repetirse con otros disidentes como ‘John Mechas’ o ‘Mocho Olmedo’, involucrados también en narcotráfico.
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¿La paz o la justicia?: lo que está en juego en la decisión de Petro
El jefe negociador del Gobierno con el Frente Comuneros del Sur, Carlos Erazo, defendió la medida. Aseguró que alias ‘HH’ no es un gran capo, sino un comandante que impulsa la reincorporación a la vida civil. Según Erazo, su captura y extradición romperían un proceso que ha dado frutos concretos: desminado, entrega de armas y cooperación con planes de sustitución de cultivos.
Sin embargo, sectores políticos y exfuncionarios como Ángela María Buitrago advierten que estas decisiones vulneran el principio de justicia y abren la puerta a una peligrosa politización de la extradición. En Washington, crece la sospecha de que la Fiscalía colombiana actúa bajo influencia del Ejecutivo.
