El gobierno de Gustavo Petro cruzó la línea roja al desconocer oficialmente la votación que hundió la consulta popular en el Senado, escalando el conflicto institucional a niveles inéditos que amenazan con involucrar a la rama judicial en la pelea más intensa entre Ejecutivo y Legislativo de los últimos años.
La Casa de Nariño lanzó una declaración de guerra política al convertir la consulta en su «bandera de campaña» definitiva, utilizándola como ariete para «restarle legitimidad al Congreso» y atacar frontalmente a cualquier proyecto político que ose desafiar el petrismo en futuras contiendas electorales.
Esta estrategia de confrontación total evidencia que el presidente ha decidido apostar todo a la polarización extrema, convirtiendo el Gran Paro Nacional de 48 horas en una demostración de fuerza que busca medir su capacidad real de movilización popular contra las instituciones tradicionales.
El Gobierno reconoce que esta no es «una marcha más» sino una prueba de fuego definitiva donde se jugará su credibilidad política, razón por la cual «los ojos estarán puestos con más incidencia sobre la cantidad de personas» que finalmente salgan a las calles a presionar por la consulta.
Esta escalada sin precedentes marca el punto de no retorno en las relaciones entre el Palacio de Nariño y el Capitolio, configurando un escenario de ingobernabilidad que podría desembocar en una crisis constitucional de proporciones históricas si el Ejecutivo persiste en su estrategia de desconocimiento institucional.
