El caso de Freddy Arley Castellanos Velasco —acusado de abusar sexualmente de al menos tres menores en un jardín infantil del sur de Bogotá— ha generado un profundo rechazo social y ha encendido nuevamente el debate sobre la tercerización y privatización de servicios públicos en Colombia, especialmente en áreas tan sensibles como la atención a la infancia.
¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?
El presidente Gustavo Petro fue enfático al vincular este caso con el modelo de gestión privatizada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En su red social X (antes Twitter), escribió:
“El ‘profesor violador’ fue contratado por una fundación privada. A la fundación privada le entregaron el jardín infantil público del ICBF. Privatizar el Estado se llama neoliberalismo, empobrece los derechos que se vuelven ganancias particulares y crimen”.
Con esta declaración, Petro no solo denunció la gravedad de los hechos, sino que responsabilizó al modelo de tercerización del ICBF por exponer a los menores a este tipo de riesgos. El mandatario plantea que la gestión por parte de fundaciones privadas, muchas veces sin los controles adecuados, abre la puerta a fallas graves en la protección de derechos fundamentales.
¿Qué se sabe del acusado?
- Freddy Castellanos, de 36 años, fue capturado el 6 de mayo.
- Trabajaba en el Hogar Infantil Canadá sede F, administrado por la Asociación Parque el Canadá, entidad privada con múltiples contratos con el ICBF desde 2012.
- Fue imputado por acceso carnal violento agravado y actos sexuales abusivos con menores de 14 años.
- Según las investigaciones, simulaba juegos para abusar de los menores entre marzo y abril de 2025.
- En redes sociales, la Fiscalía halló contenidos explícitos y preocupantes, lo que refuerza el perfil de riesgo del acusado.
¿Qué implica esto para la política pública?
El caso ha desatado fuertes críticas hacia el modelo de contratación por prestación de servicios, en el que el ICBF delega la operación de jardines infantiles a organizaciones privadas mediante convenios. En particular, se cuestiona la falta de supervisión, filtros de contratación y protocolos eficaces de control.
Tan solo en 2023, la Asociación Parque el Canadá firmó convenios con el ICBF por más de $5.000 millones. En total, desde 2012 ha tenido 67 contratos por más de $32.000 millones.
El debate: ¿Privatización o precarización?
Para Petro, este caso es una muestra de cómo la lógica neoliberal —basada en la eficiencia económica— puede traducirse en precarización de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de infancia, salud o educación.
Sus críticos, sin embargo, podrían argumentar que el problema no es la tercerización en sí misma, sino la ausencia de regulación, control estatal y estándares rigurosos en los procesos de contratación y vigilancia.
Este caso no solo exige justicia para las víctimas, sino también una revisión profunda del modelo de atención a la infancia en Colombia. Más allá del caso individual, lo que está en juego es la responsabilidad del Estado en la garantía real de los derechos de los niños y niñas en el país.
