Bogotá, 15 de septiembre de 2025. El presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa la idea de una Asamblea Nacional Constituyente como eje central de su estrategia política de cara a 2026, en un giro que combina un mensaje directo a sus bases con una campaña de comunicación orientada a jóvenes y a la movilización electoral. La iniciativa —anunciada en redes sociales acompañada de un video musical promocional— busca reposicionar la reforma constitucional como la vía para completar cambios que, según el Gobierno, el sistema político y las cortes han bloqueado.
Qué ocurrió (el anuncio y su formato)
El jueves el presidente publicó en su cuenta de X el mensaje “Vamos por el poder constituyente en el año 2026” y difundió un video con una canción cuyo estribillo repite: “Sí a la Asamblea Nacional Constituyente”. La pieza audiovisual —producida con elementos de marketing juvenil— fue difundida inmediatamente por la militancia y por cuentas afines, como parte de una operación comunicacional para instalar la consigna en la agenda pública.
Además, Petro ha instruido a las bancadas y a los movimientos aliados que las listas al Congreso del Pacto Histórico incluyan candidatos abiertamente pro-constituyente, una decisión que busca convertir las elecciones legislativas de 2026 en un plebiscito indirecto sobre la idea de una reforma total de la Carta Magna.
¿Qué propone exactamente el Gobierno?
En los mensajes oficiales y en la retórica presidencial, la Constituyente se presenta como el mecanismo capaz de reformar “estructuralmente” el Estado —justicia, régimen electoral, reglas para elección de altos magistrados, modelo económico y ambiental— y superar lo que el Ejecutivo define como «bloqueos institucionales» en el Congreso y en la rama judicial. El Gobierno ha explicado asimismo que el proceso constituyente, si prospera, se haría en el marco de la legalidad y, según algunas versiones oficiales, podría concretarse durante el gobierno posterior al de Petro.
Cómo se convoca una Asamblea Constituyente en Colombia (y por qué no es automático)
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es un acto presidencial unilateral: la práctica y el derecho colombiano exigen pasos formales. Según las explicaciones técnicas y los precedentes (incluido el proceso constituyente de 1991), la convocatoria suele requerir la aprobación de una ley que consulte a la ciudadanía y la intervención de órganos jurisdiccionales para despejar su legalidad; además la Corte Constitucional puede pronunciarse sobre procedimientos y garantías. Organizaciones que hacen pedagogía electoral han señalado que, en términos generales, el Senado y la Cámara deben aprobar una ley de convocatoria que defina la pregunta, los temas y el mecanismo electoral; luego se somete la consulta a voto popular y, si gana, se procede a elegir constituyentes. Es decir: hay requisitos legales y plazos que no pueden saltarse mediante decretos simples.
La experiencia histórica también muestra que el impulso constituyente suele necesitar una conjunción de presión social y acuerdos políticos amplios; la Asamblea de 1991 fue producto de movilizaciones (la llamada «séptima papeleta») y de un contexto de crisis política inédito.
Contexto político: ¿por qué ahora?
El relanzamiento llega en un momento de desgaste político del Gobierno: dificultades para aprobar proyectos clave en el Congreso, divisiones en la coalición y tensiones con órganos de control y la Rama Judicial. En las últimas semanas el Ejecutivo tuvo que negociar recortes al presupuesto propuesto para 2026 y ha enfrentado derrotas o fricciones en el Legislativo, factores que explican en parte por qué la Casa de Nariño busca desplazar la disputa al terreno electoral y constitucional. Analistas interpretran la maniobra como una doble jugada: (1) consolidar la base electoral del Pacto Histórico y (2) convertir la elección de 2026 en un plebiscito sobre la necesidad de cambiar la Constitución.
Reacciones: aliados, críticos y expertos
Aliados: dirigentes y alcaldes afines (mencionados en coberturas como parte de la bancada de apoyo) han expresado respaldo público a que las listas del movimiento sean pro-constituyente y han comenzado a articular discursos y señales políticas en esa dirección.
Críticos y oposición: sectores de la oposición y columnistas alertan sobre los riesgos de instrumentalizar una Constituyente con fines electorales. Expertos constitucionalistas y algunos exfuncionarios han señalado que promover una Constituyente como bandera de campaña puede polarizar aún más al país y que existen dudas sobre la viabilidad jurídica de atajos administrativos (por ejemplo, decretos) para avanzar sin las mayorías parlamentarias requeridas. Semanarios y medios independientes han advertido, además, que la iniciativa puede funcionar como distracción frente a otros problemas del Gobierno.
El factor judicial: no es anecdótico: en junio pasado la Corte o el Consejo de Estado suspendieron actos del Ejecutivo relacionados con consultas y decretos cuando no se consideró cumplido el procedimiento legal, lo que muestra que los recursos y las impugnaciones judiciales son una vía probable en caso de que el Gobierno trate de avanzar por vías distintas al consenso legislativo.
Obstáculos prácticos y legales
- Mayorías legislativas: para estructurar una consulta y una ley de convocatoria hacen falta mayorías en Senado y Cámara. Sin esas mayorías, avanzar exigirá pactos con otras fuerzas políticas.
- Control judicial: el Poder Judicial (Consejo de Estado, Corte Constitucional) puede revisar procedimientos y decretos y suspenderlos si incumplen la ley. Ya hubo sentencias referentes a decretos de consulta del Gobierno.
- Riesgo político: movilizar a la ciudadanía sobre un tema tan profundo sin una pedagogía amplia puede aumentar la polarización y generar incertidumbre económica y social, argumento que repiten analistas y sectores empresariales.
Escenarios posibles (próximos pasos)
- Escenario 1 (legal y ordenado): el Congreso aprueba una ley de consulta, la Corte la valida y la ciudadanía vota; si gana, se eligen constituyentes con reglas claras. Este camino exige negociación política y tiempo.
- Escenario 2 (electoral y simbólico): el Pacto Histórico usa la consigna en campaña para polarizar y empujar la agenda; la Constituyente queda como herramienta de presión pero sin avances concretos si no hay mayorías.
- Escenario 3 (contencioso): el Gobierno intenta atajos (decretos, consultas locales, etc.) y la acción es frenada por tribunales, generando choque institucional y nuevos litigios. Casos recientes muestran que esta ruta es probable pero riesgosa.
Breve marco histórico: 1991 y lecciones
La Asamblea Constituyente de 1991 se convocó en un contexto de crisis y movilización ciudadana; su proceso muestra que, más allá de la voluntad presidencial, hacen falta acuerdos políticos y una amplia legitimidad social para que una reforma profunda sea viable y sostenible. Esa experiencia también expone que los resultados pueden ser impredecibles: cambios grandes tienen efectos estructurales y sociales de largo plazo.
Conclusión
El relanzamiento de la Constituyente por parte de Gustavo Petro transforma una propuesta institucional en una bandera electoral que promete polarizar la campaña de 2026. La viabilidad del proyecto dependerá tanto de la capacidad del Ejecutivo y del Pacto Histórico para sumar apoyos como de las limitaciones legales impuestas por el Congreso y los tribunales. En las próximas semanas se sabrá si la idea avanza como proceso jurídico ordenado o si queda como lema de campaña y herramienta de movilización política.
