El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al manifestar públicamente durante su consejo de ministros que el Gobierno Nacional «apoya el derecho a la huelga de la ciudadanía», legitimando oficialmente las protestas masivas que han paralizado a Colombia durante la jornada del Gran Paro Nacional.
Esta declaración presidencial representa un respaldo sin precedentes a las movilizaciones que han colapsado el transporte público y generado bloqueos en las principales ciudades del país, configurando un escenario inédito donde el Ejecutivo avala las protestas dirigidas contra el Congreso de la República.
Petro aprovechó la reunión con su gabinete ministerial para ratificar que «siguen en pie con la consulta popular, incluso si se aprueba la reforma laboral», evidenciando que su estrategia de confrontación institucional no depende de los resultados legislativos sino de una agenda política más amplia.
Esta posición gubernamental ha generado críticas feroces de la oposición, que acusa al presidente de «incitar a la ingobernabilidad» y utilizar la protesta social como mecanismo de presión política contra las instituciones democráticas que no se someten a sus designios.
El respaldo presidencial a las huelgas ciudadanas marca un punto de quiebre en las relaciones entre poderes, donde el Ejecutivo no solo tolera sino que celebra activamente las manifestaciones que buscan presionar al Legislativo, configurando un precedente peligroso para la estabilidad institucional del país.
