Este viernes, el presidente Gustavo Petro anunció la retirada del ‘decretazo’ que convocaba a una consulta popular sobre la reforma laboral, tras la aprobación del grueso de las medidas por parte del Congreso.
El acto ejecutivo, firmado el 11 de junio de 2025, criticado por visos de inconstitucionalidad, pretendía que los colombianos acudieran a las urnas el próximo 7 de agosto para votar sobre 12 puntos específicos de la reforma laboral.
Esta semana, el ‘decretazo’ había quedado sin efectos por decisión del Consejo de Estado, tribunal administrativo que fundamentó su decisión en que su expedición no contó con la aprobación previa del Senado, tal como lo exige el artículo 104 de la Constitución Política. Además, porque el acto mantenía una naturaleza electoral al convocar a un mecanismo de participación ciudadana. La medida cautelar buscaba preservar el orden constitucional mientras se resolvía de fondo la demanda de nulidad contra el decreto.
Conocida la suspensión, el presidente Petro atacó al Consejo de Estado e hizo lo mismo con el registrador cuando se abstuvo de iniciar la ejecución del controvertido decreto.
Sin embargo, con el anuncio de un decreto para derogar el ‘decretazo’, el presidente Petro anunció su intención de convocar a una asamblea constituyente mediante una papeleta en las próximas elecciones, buscando así un mecanismo alternativo para impulsar cambios estructurales en el país.
«El constituyente ha sido ya convocado desde la presidencia, creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del Congreso. Sin pueblo no hay justicia social», arguyó el mandatario en una extensa publicación en la red social X (antes Twitter).
La propuesta de asamblea constituyente representa un giro estratégico del gobierno, que pretende canalizar la participación ciudadana en un proceso de reforma política y social más amplio, en medio de un contexto de alta polarización y confrontación con el Congreso y sectores opositores.
El anuncio generó reacciones en el convulso panorama político nacional, enrarecido por el intento de magnicidio contra el candidato Miguel Uribe Turbay. Mientras los seguidores de Petro ven en la asamblea constituyente una oportunidad para profundizar la democracia participativa y consolidar derechos sociales, la oposición y voces críticas advierten sobre riesgos de crisis institucional y cuestionan la legalidad y conveniencia de un proceso constituyente impulsado desde el Ejecutivo sin un consenso amplio.
