El presidente Gustavo Petro anunció que este lunes se expedirán los primeros decretos derivados de la declaración de conmoción interior en el Catatumbo. La expectativa era alta, ya que el Gobierno sigue afinando los documentos para asegurarse de que sean constitucionalmente sólidos antes de su emisión. Aunque las carteras están en proceso de alistamiento, fuentes del Ejecutivo indicaron que se prioriza blindar los decretos.
Este lunes, Petro y su gabinete se desplazaron a Ocaña, Norte de Santander, para realizar el Consejo de Ministros, donde se escucharon las preocupaciones de la comunidad local, afectada por la violencia que ha dejado más de 100 muertos y más de 48.000 desplazados. En este contexto, Petro destacó la importancia de los decretos, que incluyen un plan para el pacto social en el Catatumbo y la financiación de una operación militar en la frontera.
El Decreto 0062 de 2025, que declara el estado de conmoción interior en la región, ya está siendo revisado por la Corte Constitucional para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos. De ser aprobado, el Gobierno tendría 86 días para expedir los decretos correspondientes en los municipios afectados, incluyendo Cúcuta y su área metropolitana.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, también habló de una posible «micro reforma tributaria» que busca recaudar entre $700.000 y $1 billón, con medidas como la eliminación de la exención del IVA a los juegos de azar en línea.
Por su parte, Petro aprovechó su intervención en el Catatumbo para señalar que la violencia en la región no solo responde a un conflicto interno, sino también a una «fuerza extranjera» vinculada al ELN, cuya presencia es respaldada por el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de la complejidad de la situación, el mandatario insistió en que el Gobierno buscará replicar las acciones en otras regiones afectadas por el conflicto, como el litoral pacífico y el Putumayo. Sin embargo, los decretos estarán sujetos a la revisión de la Corte Constitucional, lo que podría llevar a su modificación o anulación si se considera que el Ejecutivo ha excedido sus facultades.
