La tensa relación entre el presidente Gustavo Petro y la prensa colombiana volvió a escalar tras la publicación de un mensaje en la red social Twitter (ahora X), en el que el primer mandatario aseguró que la prensa actual es “constructora de violencia” y advirtió que el gobierno podría liquidar los contratos de concesión de medios de comunicación si incumplen con el “deber constitucional” de informar.

La advertencia del mandatario no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia de confrontación sistemática que ha marcado su administración. Desde el inicio de su mandato, Petro ha utilizado sus redes sociales y espacios públicos para descalificar, insultar y cuestionar la labor de periodistas y medios, en una dinámica que organizaciones internacionales y locales han calificado de peligrosa para la democracia.

La amenaza explícita de Petro contra los medios de comunicación surge en medio de un balance de gestión en el que el presidente responsabilizó a la prensa por la degradación del debate político nacional, asociando su actuar a intereses económicos de “gran capital” y a episodios históricos de violencia.

En su mensaje, Petro señaló que los medios televisivos y radiales son contratistas del Estado para la explotación del espectro electromagnético, y que si “rompen la Constitución, el derecho a la información y la verdad”, su gobierno podría liquidar esos contratos. Esta no es la primera vez que Petro sugiere la intervención estatal en la actividad de los medios, pero sí la ocasión en la que lo plantea como una opción concreta y cercana.

Larga serie de ataques

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización referente en la defensa de la libertad de expresión en Colombia, ha documentado el aumento de los ataques del presidente contra el periodismo desde hace más de dos años. En mayo de 2023, la FLIP denunció que Petro promovía “una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto”, lo que, según la organización, alimenta la estigmatización y el riesgo para la integridad de los reporteros. Reporteros Sin Fronteras también ha manifestado preocupación por la escalada en la confrontación, advirtiendo que la retórica presidencial puede fomentar un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo.

El contexto de estos ataques es complejo y no se limita a tensiones coyunturales. Petro ha protagonizado varios incidentes polémicos en los que su lenguaje ha sido especialmente agresivo. Uno de los más recordados ocurrió cuando llamó “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas, generando un amplio rechazo nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos alertaron que ese tipo de expresiones, además de ser ofensivas, exacerban la violencia contra las comunicadoras y reproducen estereotipos de género. La defensora del pueblo, Iris Marín, condenó públicamente la estigmatización, y la FLIP documentó un aumento de agresiones contra mujeres periodistas tras esas declaraciones. Pese a la polémica, Petro continuó con su campaña de descalificaciones.

Otro caso emblemático es el del periodista Ricardo Calderón, a quien Petro ha atacado en múltiples oportunidades por sus investigaciones en Noticias Caracol sobre supuestas irregularidades en la administración presidencial y la campaña que lo llevó a la Presidencia. El presidente no solo ha cuestionado la validez de los reportajes, sino que ha insinuado motivaciones ideológicas y ha desacreditado públicamente al reportero, en una clara estrategia para deslegitimar el trabajo periodístico que lo incomoda. Este tipo de ataques personales se han convertido en una constante, y han sido respaldados por el círculo más cercano al mandatario.

Presión inédita a la prensa

El debate sobre la libertad de prensa en Colombia ha adquirido una dimensión polarizada. Mientras Petro insiste en que sus críticas buscan defender la “verdad” frente a un periodismo que, a su juicio, responde a intereses privados y promueve la desinformación, la FLIP y otras organizaciones sostienen que el ataque sistemático del presidente socava el derecho a la información y genera un ambiente de temor entre los profesionales del sector. El riesgo, según expertos, es que la polarización derive en un debilitamiento de la democracia y en la legitimación de la violencia contra los comunicadores.

En este contexto, la amenaza de liquidar contratos de concesión del espectro electromagnético representa un punto de inflexión. Aunque el marco legal colombiano establece que esas concesiones son temporales y sujetas al interés público, la advertencia presidencial ha sido percibida como una presión inédita sobre la independencia editorial. La posibilidad de que el gobierno intervenga en la operación de los medios por razones políticas plantea un precedente peligroso, que organismos internacionales ya han comenzado a monitorear.

El periodista Julio Sánchez Cristo, de La W Radio, retó al presidente Petro para que él mismo se atreva a apagar la transmisión de esa cadena y Caracol Radio.

https://www.instagram.com/reel/DMhy9fYO3gA/ “Tengo la tranquilidad de hablar todos los días con sus funcionarios y lo hacemos de manera respetuosa. Tratamos de entender el país que usted quiere para nosotros. A propósito, tiene usted muy buenos funcionarios, cuídelos, pero no amenace más”, indicó Sánchez Cristo.