Durante una alocución el 15 de julio, el presidente Gustavo Petro lanzó una de sus más contundentes acusaciones contra el sector privado de la salud. Señaló directamente al presidente de Keralty, conglomerado español dueño de la EPS Sanitas, a quien llamó “criminal en Colombia” y exigió su salida inmediata del país. Petro acusa al dueño de Keralty de criminal y exige su salida del país.
“Está prohibido financiar campañas con dinero extranjero y aquí lo hicieron. Si tengo que hablar con el rey de España, lo haré”, declaró Petro, quien insistió en que llevará el caso a instancias diplomáticas e internacionales si es necesario.
Petro acusa a Keralty de manipular la política y frenar la reforma a la salud
El presidente también denunció que Keralty no solo administra mal los recursos del sistema de salud, sino que presuntamente financia políticos colombianos para frenar reformas. “Donaron cientos de millones para hundir nuestra reforma”, afirmó, señalando que la empresa actúa como un actor político que protege intereses privados sobre la vida de millones de pacientes.
Petro incluso calificó esta supuesta financiación como un crimen de lesa humanidad. “Ese robo mata colombianos, mata niños. ¿Por qué no investigan?”, se preguntó.
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La posible salida de Sanitas afectaría a más de 5 millones de usuarios
Las declaraciones del presidente llegan en un momento de alta tensión. Sanitas, junto a EPS como Sura y Compensar, advirtió su posible retiro del sistema por inviabilidad financiera. De concretarse, más de 5 millones de afiliados necesitarían ser reubicados, lo que podría generar una crisis operativa nacional en salud.
Petro defendió la intervención estatal en otras EPS, asegurando que se redujeron deudas y se mejoró la gestión. Sin embargo, el informe más reciente de la Contraloría contradice esa versión: EPS intervenidas no mejoraron sus indicadores financieros y enfrentan deudas que suman 32,9 billones de pesos.