Este jueves, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso de la reconocida creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, quien actualmente cumple una condena de cinco años de prisión por su participación en los actos vandálicos contra TransMilenio durante el paro nacional de 2019. En su intervención, el mandatario expresó su apoyo a Barrera, señalando que la ley colombiana la cobija como madre cabeza de familia y solicitó que se le otorguen beneficios penitenciarios, como la posibilidad de salir a diario de la cárcel El Buen Pastor, donde se encuentra recluida.
«Es importante que recordemos que la ley es clara en cuanto a los derechos de las madres cabeza de familia. Daneidy Barrera es una mujer que tiene una hija, y en ese contexto, debe ser tratada con las garantías que otorgan las normas del país. Le pido a las autoridades competentes que estudien su caso y le permitan salir de la cárcel El Buen Pastor, al menos de manera diaria, para cumplir con sus responsabilidades maternas», declaró el presidente Petro.
El pronunciamiento de Petro llega en un momento crítico para Epa Colombia, quien ha sido una figura polémica debido a sus actos en el pasado, pero también ha mostrado un proceso de rehabilitación y arrepentimiento. Desde su encarcelamiento, Barrera ha aprovechado su tiempo en prisión para reflexionar sobre sus decisiones y trabajar en su proyecto empresarial, relacionado con la venta de productos capilares, mientras enfrenta las consecuencias legales de sus actos.
El presidente destacó que, aunque Barrera debe responder por sus actos ante la justicia, también tiene derechos como madre y como ser humano que busca reintegrarse a la sociedad. «El sistema penal debe tener en cuenta la rehabilitación, pero también los derechos fundamentales de quienes están privados de la libertad, especialmente cuando hay hijos de por medio», afirmó Petro.
El pedido del mandatario ha generado reacciones mixtas en la opinión pública. Mientras algunos respaldan la solicitud del presidente, argumentando que Barrera merece una oportunidad para continuar con su vida familiar y profesional, otros consideran que sus acciones deben ser castigadas con todo el rigor de la ley, sin privilegios.
Este pronunciamiento del presidente Petro refleja su enfoque en los derechos humanos y su interés en promover la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad, especialmente aquellas con responsabilidades familiares. El caso de Epa Colombia continuará siendo un tema de debate público en Colombia mientras se resuelven los posibles beneficios penitenciarios que pueda recibir.
