El presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión este viernes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Casa de Nariño. El objetivo del encuentro era escuchar las recomendaciones de dicha comisión respecto al informe que realizaron en el 2021 sobre el paro nacional que se vivió en el país durante ese año y finales del 2020.
Te puede interesar: Federico Gutiérrez solicitará personería jurídica para su movimiento
Tras la conversación, Petro informó en sus redes sociales que el Estado colombiano adquirió el compromiso de «reparar las víctimas que dejó con ocasión de la represión que desató contra el movimiento social».
La viceministra de Relaciones Exteriores, Laura Gil, contó que se acordó crear un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones entre la CIDH, el Gobierno colombiano y la sociedad civil.
Según explicó, lo plasmado en el informe tiene «el potencial para producir cambios estructurales que nos permitan garantizar la no repetición».
Me he reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar sus recomendaciones sobre el estallido social del 2020/21
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2023
El estado se compromete a reparar las víctimas que dejó con ocasión de la represión que desató contra el movimiento social pic.twitter.com/5ijfFhSlo3
El relator de la CIDH para Colombia, Joel Hernández García, por su parte, mencionó que en la charla «se puso de manifiesto la vocación de cooperación del presidente Petro con la Comisión y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Expuso que la respuesta del país ha sido «positiva» y que el mecanismo les permitirá acompañar los esfuerzos nacionales para garantizar el derecho a la protesta y atender las causas estructurales que generaron la movilización.
También puedes leer: Presidente Gustavo Petro responde a críticas por control de tarifas de servicios públicos
«Ha sido una oportunidad única, pocas veces se ha visto un nivel de cooperación tan estrecha», agregó Hernández.
Ahora bien, la Comisión también insistió en su posición frente a la judicialización de la protesta, porque dicen que les preocupa que estos mecanismos «puedan desalentar futuras protestas«.




