Con masiva presencia de autoridades nacionales y regionales, como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Gobernaciones, Alcaldías, Personerías, Comandos Departamentales y Distritos de Policía, así como las Divisiones y Brigadas del Ejército; el Ministro del Interior Daniel Palacios Martínez, a través de la Viceministra María Paola Suárez; presidieron reunión ayer miércoles, para hacer seguimiento a la Alerta Temprana No. 004 de 2022 emitida por la Defensoría del Pueblo, donde se declara en riesgo electoral algunas zonas del país.
A la reunión celebrada desde el Comando de Policía Valle con intervención virtual de la Viceministra del Interior junto a la cúpula del Ejército y la Policía; asistieron el Personero de Palmira, William Andrey Espinosa Rojas, y el Personero Delegado Luis Felipe Martínez, quienes ratificaron total respaldo en el monitoreo a la citada alerta temprana y su misión de actuar como garantes para que los próximos comicios a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, se desarrollen en completa normalidad en el área urbana y rural de su municipio.
El Personero de Palmira, enfatizó, que a partir de la responsabilidad del gobierno nacional y el Ministerio Público, se desprenden acciones y tareas donde es fundamental el ejercicio de los entes territoriales y la fuerza pública en cada jurisdicción, así como el flujo de información oportuna por parte de las comunidades, sobre cualquier factor que pudiera generar alteración del orden público o poner en riesgo los comicios de mayo y junio de 2022.
El Ministerio del Interior, como entidad responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas; invitó a los representantes del Ministerio Público, Gobernaciones, Alcaldías y fuerza pública, a atender las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para garantizar que estos procesos democráticos se lleven a cabo con tranquilidad y transparencia.
Esta sesión de seguimiento a la Alerta Temprana de Riesgo Electoral, contó con el estrecho compromiso de las entidades territoriales y representantes del Ministerio Público, quienes ratificaron su obligación constitucional de garantizar unas elecciones sin alteraciones de orden público o posible constreñimiento a los electores antes y durante el citado proceso.
