La Personería de Oporapa abrió un frente de control disciplinario que ha puesto en el centro del debate público el manejo del alumbrado eléctrico en el municipio. El personero Óscar Humberto Bermeo Peña explicó que el proceso aplicado al exalcalde Juan Carlos Ruález no corresponde a una demanda, sino al cumplimiento de sus funciones como Ministerio Público tras evidenciar presuntas irregularidades en acuerdos municipales que fueron anulados parcial o totalmente por la jurisdicción administrativa.
Bermeo precisó que los pliegos de cargos no constituyen una sentencia, sino una formulación de posibles faltas que deben resolverse en un proceso disciplinario. Señaló que las decisiones judiciales cuestionaron la falta de progresividad financiera y la ausencia de estudios técnicos válidos para fijar tarifas del alumbrado público. Actualmente, y por efecto de la reviviscencia administrativa, se aplica el Acuerdo 038 de 2017, pese a estar desactualizado, razón por la cual la Personería ha sugerido a la administración 2024–2027 avanzar en la elaboración de un nuevo proyecto
Sobre la vía principal del municipio, Bermeo recordó que la única herramienta que obligó a retomar el proyecto fue la acción popular interpuesta en 2018, respaldada por líderes sociales, concejales y ciudadanía. Aseguró que este proceso jurídico es la base real que permitió destrabar los estudios, diseños y la licitación que, según cronograma, podría firmar contrato en diciembre.
El personero rechazó la apropiación política de los avances y cuestionó discursos “oportunistas” que buscan capitalizar gestiones ajenas. Invitó a la comunidad a mantenerse unida, evitar confrontaciones innecesarias y concentrarse en los retos que vendrán cuando inicie la obra vial, especialmente en movilidad, comercio y contingencias administrativas.
Bermeo concluyó que el propósito central es garantizar transparencia, control social y decisiones ajustadas a la ley para que Oporapa avance con claridad y sin distorsiones.
