En las calles del municipio de Hobo, el tema no se comenta en voz baja ni se tapa con pañitos de agua tibia. El nombre de Raúl Andrés Herrera Suaza pasó de las reuniones comunitarias a los corrillos políticos y mediáticos, luego de una publicación que lo vinculó con graves delitos sexuales. Desde entonces, el asunto se convirtió en una mezcla de versiones encontradas, ruido informativo y sospechas de un trasfondo que va más allá de lo judicial.
Versiones cruzadas
Según información divulgada, la Fiscalía General de la Nación supuestamente habría presentado una acusación formal el 5 de marzo de 2025 ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, relacionada con delitos sexuales que involucrarían a una menor de edad. Sin embargo, esta versión fue tajantemente desmentida por el propio señalado.
Tras la revisión de la base de datos de la Fiscalía General de la Nación, este medio de comunicación pudo establecer que no existen investigaciones en contra del señor Raúl Andrés Herrera Suaza por delitos sexuales, ni que involucren a menores de edad, ni mucho menos menores de 14 años. No aparece proceso activo, indagación preliminar ni expediente judicial que respalde los señalamientos difundidos.
Herrera Suaza, veedor ciudadano del municipio, reiteró que nunca ha estado vinculado a ningún proceso por abuso a menores, ni en su mayoría de edad, ni cuando era menor de 18 años, y que cualquier afirmación en ese sentido carece de sustento legal.
Trasfondo político
En la investigación realizada por este medio, se estableció que el trasfondo del presunto caso contra el veedor habría sido tergiversado y obedece a una estrategia de desprestigio, presuntamente ligada a su labor de control ciudadano y a su liderazgo en el proceso de revocatoria del mandato del alcalde. Fuentes consultadas coinciden en que los señalamientos surgieron justo cuando sus acciones de veeduría empezaron a incomodar a sectores políticos locales.
Mientras no exista un pronunciamiento judicial verificable, en Hobo la discusión sigue abierta. Porque una cosa es investigar con rigor y documentos en la mano, y otra muy distinta es condenar a punta de titulares, en un municipio donde el buen nombre puede quedar en entredicho sin que exista una sola decisión judicial que lo respalde.
