En medio de la creciente atención mediática y política, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, ha roto su silencio para referirse por primera vez a las siete demandas presentadas en su contra, las cuales buscan su pérdida de investidura debido a una supuesta violación de la ley por doble militancia durante la campaña electoral de 2023. Estas demandas, presentadas ante el Consejo de Estado, han generado un intenso debate sobre la legalidad de sus acciones y el futuro de su mandato.
Demandas
Las demandas se fundamentan en la acusación de que Cortés Zambrano habría respaldado públicamente a un candidato de un partido político diferente al que la avaló durante su campaña electoral, lo que, de confirmarse, constituiría una violación de las normas sobre doble militancia establecidas en la legislación colombiana. La doble militancia es una infracción que se refiere a la participación activa en las actividades de un partido político mientras se ostenta la membresía de otro, lo cual está prohibido para evitar conflictos de intereses y asegurar la lealtad partidista.
Los demandantes, cuyos nombres no han sido revelados, han presentado ante la Sección V del Consejo de Estado una serie de pruebas que, según ellos, demuestran que Cortés Zambrano incurrió en esta falta durante la campaña de 2023. Estos documentos incluyen registros de eventos públicos, declaraciones en medios de comunicación y material propagandístico, que supuestamente evidencian el apoyo de la gobernadora a un candidato de un partido distinto al suyo.
La respuesta
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Rafaela Cortés se mostró tranquila y confiada en su defensa. En declaraciones recientes, la mandataria llanera aseguró que su equipo legal está trabajando en la Sección V del Consejo de Estado para refutar las pruebas presentadas en su contra y demostrar que no hubo ninguna irregularidad en su conducta durante la campaña.
«Estoy tranquila, confiando en la defensa que estamos llevando. Durante la campaña fuimos muy cuidadosos y conté con un equipo que me asesoraba en lo que podía o no hacer», afirmó Cortés, subrayando que en ningún momento actuó fuera de los límites de la ley y que todas sus acciones estuvieron respaldadas por un riguroso equipo legal que la acompañó a lo largo de su campaña electoral.
Cortés también reconoció que el proceso judicial es largo y que requiere paciencia, ya que implica la práctica de pruebas, la realización de audiencias y el análisis detallado de cada uno de los argumentos presentados por ambas partes.
