En este momento se adelanta una audiencia para determinar cuál será el futuro judicial del expresidente peruano Pedro Castillo, quien lleva una semana en prisión luego de que el Congreso lo destituyera, tiempo desde el cual se ordenó su arresto por presunta “rebelión” y “conspiración”.
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La sesión se adelanta mientras el Gobierno de Perú ha publicado un decreto que declara de manera oficial el estado de emergencia nacional por 30 días ante los enfrentamientos que se están registrando en todo el territorio. La medida puede disponer sobre los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y la libertad y seguridad personales.
Inicialmente la Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva contra el exjefe de Estado; sin embargo, los dos delitos por los que se abrió una investigación preliminar abarcan una pena que varía entre los 10 y 20 años de cárcel. En principio, la audiencia de esta jornada es crucial porque se define si se acepta o declina la petición del Ministerio Público.
En la audiencia de hoy además se define el futuro judicial de Aníbal Torres, quien fuera hasta hace algunas semanas el primer ministro del país. La parte acusatoria pide también año y medio de custodia preventiva, como el lapso que argumenta de necesario para investigar y dar paso a un eventual juicio definitivo.
En palabras del representante de la Fiscalía, “no hay otra vía procesal” contra los señalados, teniendo en cuenta la supuesta búsqueda de Castillo de asilo en México y la intención del país azteca para otorgarlo. Sin embargo, no ha trascendido una solicitud formal.
La Defensa alega que, en alusión a la organización criminal que supuestamente lidera el exmandatario, no es necesario la privación de libertad cuando se adelantan pesquisas en calidad de “presunción”. Por lo anterior, pidieron al juez que considere infundada esa petición de la Fiscalía y que, en lugar de 18 meses de prisión, se considere la ley de vigilancia electrónica personal.
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Entre tanto, la presidenta, Dina Boluarte, sugiere adelantar las elecciones a diciembre de 2023 en lugar de abril de 2024. La jefa de Estado declaró que hablará con el Congreso para intentar “acortar los plazos”, mientras el país ha estado sacudido por movilizaciones en apoyo del exmandatario.
